Polémica en el Poder Judicial por las filtraciones del «caso Nóos»

¿Debería el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigar de oficio las filtraciones continuadas del contenido de un procedimiento penal? Es la pregunta que se plantean diversos vocales de este órgano como consecuencia del goteo de noticias que distintos medios de comunicación vienen publicando desde hace semanas sobre la investigación de las actividades de Iñaki Urdangarín al frente del Instituto Nóos. El debate sobre cuál debe ser la actuación del CGPJ y sobre cómo o quién debe iniciarla está abierto, pero todos coinciden en una cosa: ningún ciudadano, sea quien sea, debería tener que soportar un «juicio paralelo», que siempre genera «situaciones de absoluta indefensión».

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces se muestran convencidas de que, al igual que ocurrió con el ministro de Fomento en funciones, José Blanco, el CGPJ debería abrir una investigación de las filtraciones que afectan al Duque de Palma. En ambos casos, se trata de personas que, al no estar imputadas formalmente, desconocen el contenido real del sumario y no tienen ninguna posibilidad de defenderse frente a lo que se publica sobre ellos.

No obstante, los vocales consultados coinciden en que el de las filtraciones es un problema «delicado» para el órgano de gobierno de los jueces. No afecta de forma directa a la independencia o a la actuación de un juez —en cuyo caso tienen claro que la intervención del CGPJ ha de ser de oficio, como se hizo con la juez de los ERE, Mercedes Alaya, tras las críticas de Alfonso Guerra—, sino a un ciudadano. Y en estos casos, explican, lo habitual es que el Consejo mueva ficha cuando alguien lo solicita.

En el «caso Campeón» , recuerdan, fue la juez de Lugo Estela San José la que se quejó de las filtraciones; después vino la petición de un vocal, José Manuel Gómez Benítez, para que se investigara el origen de las fugas de datos de un sumario declarado secreto. Y para averiguarlo, el Servicio de Inspección del CGPJ ya ha tomado declaración a varios funcionarios del Tribunal Supremo. En el caso del marido de la Infanta Cristina, nadie, a día de hoy, se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces. «Lo importante es que el Consejo no haga distinciones —apunta un vocal—. O actuamos en todos los casos o no hacemos nunca nada».

De la autocrítica no se salva tampoco el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, a quien corresponde decidir en cada caso el orden del día de los asuntos que debe debatir, por ejemplo, la Comisión Permanente. En opinión de varios vocales, debería ser Dívar, que además es el máximo responsable de la Inspección, quien ordenara investigar las filtraciones del «caso Nóos».

Lo cierto es que, tal y como comentan algunas fuentes, la pasividad del órgano de gobierno de los jueces supone que, en la práctica, el CGPJ está consintiendo que se vulneren los derechos de Iñaki Urdangarín. La situación es mas grave aún precisamente porque se trata del yerno Rey y, «además de su imagen, también sale perjudicada la de la Corona».

Como se sabe, la Casa del Rey ha separado al Duque consorte de Palma de todos los actos oficiales de la Familia Real por su «comportamiento poco ejemplar».