Mas sube el precio del transporte, el agua y las recetas y baja los sueldos públicos

Con estas medidas de contención del gasto público, que han pillado fuera de juego a algunos de los consejeros del Ejecutivo autonómico, se prevé obtener unos ingresos de mil millones de euros. Mas confía en que, además de este ahorro, el nuevo Gobierno de España transfiera finalmente los 1.430 millones de euros del fondo de competitividad que Cataluña ha reclamado, y se negocie una mejora de la financiación autonómica, que CiU quisiera ver aprobada en forma de pacto fiscal. De esta forma, dijo el líder nacionalista, la peor fase de los recortes habría finalizado en 2013.

El dirigente catalán ofreció al PP colaboración mutua, tanto para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2012, como para apoyar el proyecto económico del futuro presidente Mariano Rajoy, pues los nacionalistas están convencidos de que las medidas anunciadas por Mas encajan en la hoja de ruta del líder popular. El PP catalán, que ya apoyó a CiU en las cuentas de 2011, ve con buenos ojos esos ajustes que la izquierda ha llegado a calificar de «fraude democrático» por no haber sido anunciadas antes de las elecciones generales.

Artur Mas justificó esos «sacrificios» en el «monstruoso» déficit fiscal heredado del anterior gobierno tripartito, cifrado en más de 8.400 millones de euros. Así, los funcionarios de la administración autonómica volverán a sufrir un recorte en sus sueldos —su salario ya fue rebajado en un 5% en 2010—, mientras que los altos cargos de la Generalitat deberán renunciar a una paga extra en 2012 —este año ya se han visto privados de la paga de Navidad—. Asimismo, se incrementará el canon del agua, los títulos del transporte público en el área metropolitana de Barcelona y las tasas universitarias, gravamen este último que se intentará compensar con más becas. Se pretende, por otro lado, aumentar el precio de la gasolina excepto para sectores como los transportistas, pescadores o agricultores.

El «ticket moderador» en el ámbito sanitario consistirá en una tasa por receta farmacéutica, lo que, según Mas, no debe ser interpretado como una forma de copago —Cataluña no tiene competencias para aplicarlo—, sino como una «barrera de acceso» para evitar un abuso del sistema que implicaría el cobro de una tasa por receta de medicamento.

Paralelamente, y con la finalidad de no traspasar determinadas «líneas rojas», la Generalitat llevará a cabo una política activa de venta de patrimonio público, lo que incluye edificios y empresas que gestionan infraestructuras. No habrá incremento de impuestos traspasados a la Generalitat, pero se mantendrá el tipo máximo del 49% del IRPF que aprobó el anterior jecutivo, el más alto de España. Avanzó que si el nuevo Gobierno español mantiene el impuesto de atrimonio, la Generalitat lo aplicará, aunque cree que fue un error que el PSOE lo reintrodujera. Artur Mas recordó que Cataluña tampoco tiene competencias para habilitar un impuesto para las grandes fortunas.