Será juzgada por una falsa violación

En este juicio, que se celebrará en la sección primera de la Audiencia de Toledo, la fiscalía no acusa al entender que los hechos «no son constitutivos de infracción penal», aunque los abogados del joven piden un total de ocho años y medio.

Según el relato de la acusación particular, los hechos se remontan al año 2004, cuando la mujer denunció a su exnovio, M.P.J. (ahora querellante) por un delito de agresión sexual, del que el joven ha quedado absuelto por falta de pruebas, según un auto del 16 de enero de 2006 de la Audiencia toledana, que decretó el sobreseimiento provisional del caso.

El chico sostiene que ella actuó «por venganza y despecho» ante su frustrado deseo de retomar con él la relación afectiva que mantenían, por lo que a la una de la madrugada del 20 de noviembre de 2004 ella llamó a la Comisaría de Policía de Talavera «fingiendo» ser víctima de una violación.

Según la acusación particular, la supuesta víctima denunció primero que su agresor había sido un encapuchado, pero, al día siguiente, sostuvo que, «sin ningún género de dudas», queel autor de la agresión había sido su exnovio. La acusación particular afirma también en su escrito de conclusiones que ella engañó a la médica forense al ocultarle que horas antes había mantenido relaciones sexuales con otro hombre, por lo que las pruebas de ADN de los restos de semen hallados en la vagina de Y.J.S. no se correspondieron con su exnovio.

Por ello, el abogado del joven pide dos años y medio de prisión por un presunto delito de denuncia falsa, además de otros seis años por detención legal (por haberle privado de libertad durante los 18 días que estuvo en prisión provisional), además de una indemnización superior a los 62.000 euros por todos los perjuicios que le ha causado, ya que a raíz de la supuesta violación perdió el empleo.

Por su parte, el ministerio fiscal entiende que los hechos narrados «no son constitutivos de infracción penal» y, por tanto, «al no existir delito, no existe participación criminal», así que «no procede imponer sanción penal sin perjuicio de las acciones de carácter civil que correspondan».