30.000 millones de ajuste pendiente

Los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en la Unión Europea exigen a España reducir los números rojos del conjunto de sus administraciones desde el 6% del PIB previsto para este año 2011, hasta el 4,4% en 2012, unos 17.000 millones de euros. Y según el escenario dibujado por el Gobierno, pactado ya con autonomías y ayuntamientos, y que tiene el visto bueno de Bruselas, el esfuerzo íntegro debe recaer sobre la Administración Central. Los números rojos del Estado deben pasar desde el 4,8% del PIB con los que se prevé cerrar 2011, al 3,2% en 2012.

Pero además, como consecuencia de la liquidación de ingresos de 2008 y 2009, el Estado deberá entregar a las comunidades 7.900 millones de euros y a las entidades locales, 2.300 millones. Más de 10.000 millones en total, por tanto, que el Estado tendrá que obtener de otro lado para cuadrar sus cuentas.

Pero a estos ya 27.000 millones de euros de ajuste habrá que sumar la casi segura desviación del objetivo de déficit que se va a producir este año. Con lo que la cifra total de recursos que el Ejecutivo que salga de las urnas tiene que obtener para cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria superarán los citados 30.000 millones de euros.

La ejecución de las cuentas de todas las administraciones en lo que va de año hace prever que será muy difícil reducir el déficit de España desde el 9,2% del PIB registrado en 2009 al 6% comprometido para este año, más de 32.000 millones de euros.

Las autonomías acumulan unos números rojos en los seis primeros meses del año del 1,2% del PIB, tan solo una décima por debajo del objetivo para todo el ejercicio. En las últimas semanas casi todas las comunidades se han puesto manos a la obra para coger la tijera y reducir los gasdos, pero es casi imposible que logren el recorte necesario para cumplir el reto planteado.

También la Seguridad Social lo tiene muy difícil. El año pasado el conjunto de administraciones de la Seguridad Social, que aparte del sistema de pensiones, incluye el Fogasa y el Servicio Público de Empleo, obtuvo un superávit del 0,2% del PIB y la previsión para este año era duplicar esta cifra hasta el 0,4%. Sin embargo, en los ocho primeros meses del año la Seguridad Social, aunque no ha entrado en números rojos, ha reducido su excedente casi un 40%, de modo que difícilmente podrá duplicarlo como estaba presupuestado.

El Estado, por su parte, ha reducido su agujero un 11% en los ocho primeros meses del año, pero los ingresos crecen a un ritmo muy inferior al previsto, apenas un 2% frente a casi el 6% que se había estimado. De momento se están cuadrando las cuentas paralizando inversiones y, por tanto, no ejecutando el presupuesto de gasto, pero no tendrá fácil acabar el ejercicio con la reducción del déficit prevista, a no ser que se apliquen nuevas medidas de ajuste antes incluso de acabar el año.

En este escenario, el pasado mes de junio, antes de anunciar el adelanto electoral, el Consejo de Ministros, primero, y, más tarde, el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron un techo de gasto del Estado para el próximo 2012, que poco servirá al próximo Gobierno. De hecho, el techo aprobado, incluyendo las transferencias a autonomías y ayuntamientos, incluía un aumento del gasto demás de 5.000 millones de euros. Y fiaba la totalidad del ajuste a un ficticio incremento de ingresos que deberían venir de una supuesta reactivación económica. Así, la previsión del Ejecutivo era que la economía española creciera ya en 2012 un 2,3%, una cifra que más que duplica las previsiones de todos los organismos y analistas de dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con una economía prácticamente estancada, el próximo Ejecutivo apenas podrá fijar una mínima parte de los 30.000 millones que necesita para cumplir los compromisos de estabilidad al aumento de ingresos generados por la reactivación económica. Además, inevitablemente, la partida destinada al pago de los intereses de la deuda seguirá creciendo, con lo que los recortes en el resto de partidas serán inevitables.

Y es en este escenario en el que los candidatos a gobernar España deben encuadrar las promesas electorales con las que nos van a bombardear en las próximas semanas.