El Gobierno prevé un recorte de al menos 4.000 policías en la próxima legislatura

Este notable descenso del número de policías tendrá que ser gestionado por el gobierno que salga de las urnas el 20-N. La única salida del nuevo ejecutivo para solucionar esta situación pasa por aumentar de forma importante la oferta de empleo público, una decisión muy delicada en un momento en el que la situación económica es de enorme gravedad y que no tiene visos de mejorar mucho a corto o medio plazo.

Por tanto, la herencia del Ejecutivo socialista es delicada también en este asunto, pues una bajada de las plantillas en más de 4.000 agentes, junto a un eventual aumento de la delincuencia, no descartable con la prolongación de una situación económica mala, podrá ser utilizada en el futuro como arma arrojadiza contra el nuevo equipo de Interior. Sobre todo porque en los últimos siete años, con el PSOE en el poder, se pasó de los 48.733 policías a los 66.946 actuales y los índices de criminalidad mejoraron de forma notable, hasta situarse entre los más bajos de Europa.

La Subdirección General de Recurdos Humanos del Cuerpo Nacional de Policía planteó dos escenarios posibles respecto a la evolución del número de agentes. En el primero de ellos, sin la entrada en vigor de la nueva edad de jubilación a los 65 años, y con la actual oferta de empleo público —228 plazas para la Escala Básica y 75 para la Ejecutiva— se hubieran perdido más de 10.000 policías hasta 2016. En el segundo, se tuvo en cuenta el decreto-ley de 21 de septiembre, reduciéndose esa cifra a 4.000 funcionarios en números redondos. Este segundo cálculo está hecho en el supuesto de que el 100% de los agentes afectados decidieran permanecer en el Cuerpo hasta los 65 años, algo que se antoja muy difícil.

La caída de funcionarios más importante se produciría entre 2015 y 2016, cuando se perderían 1.300 policías, mientras que hasta entonces las bajadas serían de unos 1.200 por año. Siempre, hay que insistir, que la oferta de empleo público se mantenga en los niveles actuales y todos los policías decidieran trabajar hasta los 65 años.

Ya en el mes de junio del pasado año el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, aseguró que en los próximos años se iba a producir un «cierto decrecimiento» en el número de incorporaciones a comisarías y cuarteles. No obstante, en ese momento, que coincidió con el anuncio de la intención del Ejecutivo de prolongar la vida laboral de los agentes hasta los 65 años, no cuantificó esa disminución de las plantillas.

Asimismo, el director general mostró entonces su convencimiento de que más del 90 por ciento de los agentes pedirán su permanencia en el servicio activo hasta esa edad, precisamente la previsión que ha sido utilizada ahora para hacer la proyección del número de policías. Otras fuentes, sin embargo, consideran que se trata de un escenario demasiado optimista, sobre todo porque habrá quienes quieran dejar sus puestos al no estar en las condiciones físicas necesarias, o bien por tener unas condiciones familiares que se lo permitan.

Para el PP, el problema no está solo en que se vayan a perder agentes. Ignacio Cosidó, portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, asegura que «el aumento hasta los 65 años por vía de urgencia busca una coartada para encubrir la carencia de oferta de empleo público en estos últimos años del Gobierno socialista y puede provocar a medio plazo un excesivo envejecimiento de las plantillas. Tal como se ha aprobado, el decreto-ley, supondrá mantener en la calle a policías cuyas condiciones psicofísicas se han limitado con la edad poniendo en riesgo su propia seguridad».

Para los populares, otra de las posibles consecuencias de esta mayor permanencia en el servicio activo será que se produzca un «cierto tapón a la hora de los ascensos». Por ello, según Cosidó «una de las tareas prioritarias del nuevo gobierno será la de recomponer el consenso sobre el modelo de carreras de policías y guardias civiles e impulsar una legislación adecuada, acordada por sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que satisfaga la n ecesidad de mantener un número adecuado de agentes en activo con la necesidad de garantizar unas condiciones óptimas para el servicio». Por ello, el PP no asumirá decisiones como la de la edad de jubilación.

La aprobación a última hora y por decreto-ley del aumento de la edad de jubilación de los policías sorprendió porque esta materia estaba recogida en la Ley de Régimen de Personal, que era tramitada y contaba ya con un importante grado de consenso.