El PSOE se enreda con el patrimonio

La recuperación del impuesto de Patrimonio está sacando a la luz las fuertes contradicciones que provoca, por una parte, en el seno del Ejecutivo y, por otra, entre éste y el PSOE. Ayer, en un lapso de solo dos horas, dos miembros del Gobierno —su portavoz, José Blanco, y la vicepresidenta económica, Elena Salgado—, así como el candidato a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, se contradijeron. Blanco y Salgado hablaron muy temprano : el ministro, en la «Cope» a las nueve; la vicepresidenta, en la penúltima sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. Sus palabras no cuadraban.

Según Blanco, la base imponible del nuevo impuesto será «aproximadamente» un millón de euros de patrimonio, sin contar las hipotecas, y afectará a 90.000 contribuyentes, a tenor de los datos que obran en poder de Hacienda. Mientras, Salgado, a la misma hora, en la Carrera de San Jerónimo causaba sorpresa entre sus propias filas por su respuesta a una pregunta de la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos. Después de que todo el Ejecutivo hubiera dado por buena la recuperación del impuesto en la reunión del Gabinete, ella seguía sin hacerlo. «En el supuesto de que el Consejo de Ministros lo apruebe», indicó, «afectará únicamente a personas con patrimonios más altos» y «tratará de dejar fuera» a las clases medias. Y como prueba de que no había sido un lapsus, en un segundo turno de palabra Salgado instó a Barkos a frenar sus críticas hasta que el texto del decreto llegue a la Cámara, «si efectivamente es aprobado por el Consejo de Ministros».

Para rematar la mañana, Alfredo Pérez Rubalcaba señaló en una entrevista en Telecinco, que «estamos hablando de 200.000 personas o 300.000, no sé, sobre 24 millones de contribuyentes». Pronto comenzaron las comparaciones entre las palabras de Blanco y Rubalcaba y se constató la «corrección» hecha por el candidato al portavoz del Gobierno. La oficina de Rubalcaba tuvo que salir a desmentir esa corrección y resaltar que lo que había hecho era dar un «ejemplo». «Eso lo decidirá el Consejo de Ministros... No voy a dar la cifra porque no es cosa mía», fue la trascripción que pasó la oficina para intentar desactivar, inútilmente, la polémica.