CiU confirma su desacato al TC un año después del fallo del Estatuto

Una resolución que declaró inconstitucional la consideración del catalán como lengua preeminente y que, meses después, sirvió de fundamento jurídico para otras cinco sentencias del Tribunal Supremo en las que se reconocía el derecho de otros tantos padres a escolarizar a sus hijos en castellano. A partir de ese mismo fallo, el TSJC ordenó a finales de 2010 la suspensión cautelar de varios artículos del reglamento lingüístico del Consistorio barcelonés porque en ellos se imponía el uso preferente del catalán. Entonces gobernaba la ciudad el socialista Jordi Hereu, que hizo caso omiso del dictamen judicial, respuesta a un recurso presentado por el líder municipal del PP, Alberto Fernández. El cambio de gobierno municipal no ha supuesto una nueva política en este sentido, pues tal como publicó ayer ABC, el convergente Trias no tiene intención de adaptar la norma a la orden del TSJC . No era la primera vez que los tribunales decretaban la ilegalidad de este tipo de ordenanzas municipales. Ayuntamientos como el de Sabadell o el de Sant Pol de Mar, o la Diputación de Lérida, han visto enmendadas judicialmente sus normas lingüísticas.

PP y Ciudadanos se han quedado solos en diversas ocasiones en su empeño en hacer cumplir la sentencia dictada en julio de 2010 por el TC, mientras que CiU —con el beneplácito de ERC y la indiferencia del PSC— ha mantenido su postura de no modificar ninguna de las leyes que dan preeminencia al catalán sobre el castellano. A nivel social, plataformas como Impulso Ciudadano o Convivencia Cívica Catalana mantienen su lucha por el bilingüismo , frente a las subvencionadas Ómnium Cultural y Plataforma per la Llengua, brazos intelectuales de esa política monolingüe.

La aplicación de la sentencia del TC implicaría reformar varias leyes catalanas. Este es el caso de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), según la cual, la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán. La consejera de Educación, Irene Rigau (CDC), se niega a tocar ni una coma de esa normativa, pactada entre PSC y CiU. Asimismo, la Ley del Cine y el Código de Consumo establecen multas si no se cumplen con las cuotas de doblaje al catalán, en el primer caso —hasta 75.000 euros—, y si los comerciantes rotulan sólo en castellano, en el segundo —10.000 euros—. El pasado día 23 de julio entró en vigor la obligación de etiquetar los productos en catalán.

La ley de acogida, que obliga a los inmigrantes a aprender el catalán para lograr el arraigo, también vulnera el fallo del TC, según la Defensora del Pueblo, que recurrió la norma.