Los 10 problemas que Zapatero deja sin resolver

Alfredo Pérez Rubalcaba es el candidato del PSOE gracias al «dedazo» de Zapatero, que sigue siendo el secretario general del partido. El aspirante a La Moncloa quiere controlar el poder interno de su formación, pero para ello es necesaria la convocatoria de un congreso. De momento, el PSOE llega a las elecciones con dos cabezas visibles.

El PSOE sufrió su mayor revés electoral el pasado 22 de mayo, pero su retroceso comenzó antes en Galicia y Cataluña. Sus «barones» territoriales, como José María Barreda, Guillermo Fernández Vara o José Montilla, se han quedado en la oposición, pendientes de la renovación en los órganos del partido, que está parada.

Los partidos entran en la recta final de la legislatura sin haber sido capaces de renovar no sólo el Tribunal Constitucional, sino también otros órganos como el Defensor del Pueblo (Enrique Múgica concluyó su mandato en junio de 2010, y le sustituye de manera interina María Luisa Cava de Llano), y también el Tribunal de Cuentas. El mandato de sus consejeros venció en noviembre del año pasado. Además, sigue pendiente la renovación de medio Consejo de RTVE, que caducó hace más de un año. Para todos estos cambios es necesario el acuerdo de PSOE y PP, por la mayoría cualificada requerida.

El ministro de Justicia presentó la histórica reforma de una ley que tiene más de un siglo hace 10 días, tras el Consejo de Ministros. El adelanto electoral imposibilita la tramitación de la ley y deja el problema abierto. La oposición ha tachado de «frivolidad» la maniobra del Gobierno.

Después de más de tres años de legislatura, Zapatero deja el paro como principal problema para millones de españoles, con una reforma laboral hecha sin consenso político ni social que no ha servido para frenar la sangría del desempleo. Ahora sigue pendiente el desarrollo de las medidas antiparo, aunque la oposición en bloque prefiere acometer otra reforma global que sea efectiva para recuperar la senda del empleo.

La última cumbre autonómica no dio soluciones a los graves problemas de financiación que soportan las comunidades autónomas, lo que ha llevado a varias de ellas (Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha, a la cabeza) a plantear la devolución de competencias al Estado, como Justicia en el caso madrileño. La legislatura toca a su fin sin fijar por ley un techo de gasto para las autonomías, que imponga disciplina para alcanzar el objetivo del déficit.

El Gobierno de Zapatero descartó en marzo de este año que pudiera aprobarse esta legislatura una ley de Gobierno Local, aunque había un primer compromiso con los ayuntamientos, en situación de emergencia por su falta de financiación. La administración local ha sido la gran sacrificada de este Ejecutivo.

El anuncio del adelanto electoral se hizo con una prima de riesgo (el diferencial entre el bono español a diez años y su equivalente alemán), que alcanzó, el viernes pasado, los 354,3 puntos básicos, la segunda más alta desde que se creó el euro. Zapatero pidió a Rajoy dos días antes en el Congreso que no exagerara con el problema de la deuda y los tipos de interés, pero lo cierto es que la presión de los mercados sigue sin ceder.

Más de tres años después de estallar la crisis económica, y tras varios decretos-leyes que afectaban a la reordenación del sistema financiero español, Zapatero abandonará el Palacio de la Moncloa sin haber concluido la reestructuración de un sector clave para la recuperación económica en todo el país, lo que genera aún más incertidumbre.

La banda terrorista está más débil que nunca, pero los batasunos también están ahora más crecidos, gracia a su presencia masiva en los ayuntamientos vascos y navarros y en las instituciones forales. Pendientes de la sentencia del TC sobre Sortu, el próximo Gobierno que surja de las urnas el 20-N deberá hacer frente al desafío de los bildutarras en las instituciones.