Un juez investiga el posible cobro de comisiones en obras de Metro

La Comunidad de Madrid interpuso el pasado martes una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en Metro de Madrid a cambio de adjudicaciones de obras. Los indicios de delito apuntan al uso injustificado de tarjetas de crédito, duplicación de cobros por los mismos trabajos, utilización de facturas falsas y pago de comisiones ilegales.

Al parecer, según informó ayer El Mundo, las sospechas de la Consejería de Transportes que dirige Antonio Beteta llegaron a raíz de la denuncia externa de una persona afectada, donde se destacaba el elevado nivel de vida de algunos empleados, así como la existencia de empresas paralelas de algunas personas ligadas al suburbano. La compañía no ha querido investigar nunca este tipo de denuncias, que llevaban tiempo en la calle, lo que ha llevado al Gobierno regional a acudir a la justicia para que sea el juez quien dé validez o no a las acusaciones.

La Consejería de Transportes no quiso ayer facilitar ningún tipo de información al respecto. Tampoco explicó los términos en los que se había redactado la denuncia. Tan sólo se limitaron a explicar que el escrito «recoge los hechos» y que en él no aparece «ningún nombre de empleados de Metro de Madrid».

Las presuntas comisiones cobradas por la adjudicación de obras menores en el Metro, según las denuncias, podrían haberse pagado mediante favores personales (arreglo de piscina, mantenimiento de jardines...), tarjetas de crédito de uso ilimitado, así como el regalo de un vehículo todoterreno. También se ha llevado ante el juez la presunta duplicación de cobros por la realización de un mismo trabajo.

Una de las denuncias presentadas, y que sí fue comprobada posteriormente por el personal técnico de la Consejería de Infraestructuras y Transportes, han sido las irregularidades en la adjudicación del pavimento podotáctil, que es la banda amarilla que ayuda a las personas invidentes a poder circular por los andenes de las estaciones de Metro y, sobre todo, a saber dónde está el límite del andén con las vías del tren.

Resulta que la adjudicación se concedió a una empresa cuyo producto no cumple los requisitos establecidos en el concurso ni en calidad ni en precio, según apuntan fuentes del suburbano madrileño. De momento, la Comunidad de Madrid no se va a manifestar al respecto y va a dejar al juez que dictamine si hay indicios de delito en la denuncia. En ese caso, apuntan, actuarán en consecuencia.