La crisis se ceba con el Estado del bienestar
Cuatro años después del naufragio, el paraíso social ya no es lo que era
ABC
La Europa del bienestar no es eterna. La actual crisis económica ha asestado un duro golpe a un sistema que, si bien ya estaba dañado, se ve ahora obligado a sacrificar beneficios sociales y derechos laborales adquiridos en pro de su supervivencia. Por ello, gobiernos ... de todo signo político en los márgenes de la Unión Europea han acometido en los últimos años recortes tan antielectoralistas que, en casos como el español, se han retrasado hasta lo imposible. «Parches» para cuadrar sus cuentas públicas que afectarán principalmente al bolsillo del ciudadano y a los servicios que este recibe.
España
La «no» crisis
Después de abanderar su legislatura con propuestas tan sociales como el desaparecido cheque-bebé y el proyecto de la Ley de Dependencia, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo negando la existencia de una crisis económica hasta mayo de 2010, cuando presentó con urgencia un polémico Plan de austeridad para ahorrar 15.000 millones de euros. Una necesaria maniobra política que le obligó a retroceder en lo avanzado en beneficios sociales.
Varapalo a los funcionarios, a los pensionistas, a la sanidad y a la inversión pública. Todo ello, salpicado por el número de parados más alto jamás conocido en democracia—casi cinco millones de desempleados— y bajo la amenazante mirada de la Comisión Europea, que exige nuevos ajustes el próximo año para cumplir con los pasos que marca el Plan de Estabilidad. El objetivo es distanciarnos de los tres países de la eurozona que han necesitado un rescate por ahora: Grecia, Portugal e Irlanda.
Grecia
Se acabó el pastel
Con el segundo rescate de la deuda griega en el huracán de la crisis económica, el gobierno de Yorgos Papandreu es uno de los que más claramente ha tenido que reconocer la insostenibilidad del estado del bienestar. Desde mayo de 2010, como en el caso español, el Ejecutivo griego viene dando tijeretazos a sueldos, pensiones y subsidios de desempleo en el sector privado, pero el quid de la cuestión ha sido mermar el apabullante entramado funcionarial. Reducir tanto el número como la cuantía de los numerosos beneficios de los funcionarios es uno de los pilares sobre los que se levanta el plan de «salvación»griego.
En el nuevo «Programa Fiscal de Medio Plazo», aprobado hace unos días, se especifica que habrá nuevos recortes, más impuestos directos e indirectos y nuevas privatizaciones. Con lo hecho, los recortes de beneficios sociales alcanzarán los mil millones de euros este año, disminuyendo hasta los 400 millones en 2015.
Portugal
Manos a la obra
A cambio de la promesa del rescate financiero, el gobierno luso ha tenido que aprobar severos recortes. Recortes en las pensiones, recortes en la prestación por desempleo y también en las indemnizaciones por despido. A ello se suma la congelación de los salarios en el sector público hasta 2013 y la limitación de nuevas contrataciones para reducir al año unos 8.000 funcionarios. En cuanto a la sanidad pública, la exigencia es gastar 550 millones menos en los próximos dos años.
Las ayudas a las familias también han bajado en casi todos los ámbitos, hasta el punto de que en Navidad se aplicará un impuesto extraordinario que equivale el 50% de la paga extra.
Alemania
Los socios aventajados
Alemania ha enmarcado en su propia Constitución el mandato de la austeridad fiscal y se ha mantenido al margen de crecimientos basados en el endeudamiento y el consumo. Las reformas fijadas en la Agenda 2010, acometidas antes de que estallara la crisis, han impulsado la competitiva economía alemana en el debilitado entorno comunitario.
Frente a la única solución del recorte, los alemanes han sido, sobre todo, emprendedores. Apoyados por la estabilidad del euro y forzados por la austeridad interna, sus empresas hace años que se abrieron a nuevos mercados con los que dinamizar su economía.
Alemania ha pasado por la crisis sin sufrir casi un despido y creando nuevo empleo: empresarios y trabajadores acordaron la congelación salarial hasta tiempos mejores, el aumento de la edad de jubilación a los 67 años y, por primera vez, aprobaron algunos recortes sanitarios y sociales de su célebre estado del bienestar.
La reforma laboral —con la reducción de las ilimitadas prestaciones por desempleo— ha permitido crear dos millones de empleos en cinco años, alcanzar la tasa de paro más baja de los últimos 20 años y, de rebote, activar la demanda interna. La ayuda pública para la reducción de jornada y el reciclaje han alcanzado a 1,5 millones de empleados, siendo ambas determinantes para evitar despidos y mantener la preciada formación y productividad de sus trabajadores.
Francia
El hogar del funcionario
Francia, como Alemania, lleva años modificando los fundamentos de su estado del bienestar. Esa metamorfosis de fondo es el fruto de más de veinte años de negociaciones a muchas bandas, con resultados escalonados en el tiempo. Gobiernos de izquierda y derecha han planteado diferentes reformas, con mensaje y objetivo idéntico: la supervivencia del modelo social francés pasa por el saneamiento de las cuentas del estado del bienestar, adaptando el gasto y el consumo a los ingresos amenazados por el descontrol presupuestario.
Las prestaciones sociales mínimas siguen siendo básicamente las que eran, pero para cobrar una pensión igual o menor los franceses tienen ahora que cotizar más años (entre 41 y 42), y jubilarse más tarde (de los 62 a los 67, voluntariamente).
El Estado francés sigue siendo víctima de una «elefantiasis» histórica, a pesar de que la reducción del número de funcionarios es una medida puesta en marcha hace años que está llamada a prolongarse en el tiempo.
Italia
«Con la soga al cuello»
Italia ha tenido que introducir fuertes recortes para ahorrar 47.000 millones y llegar a 2014 con el equilibrio presupuestario que le exige la UE. Con una deuda que alcanza el 120% del PIB, la cuarta del mundo, el Gobierno italiano no ha tenido otra alternativa que dar un tijeretazo a los gastos y meter también la mano en el bolsillo del ciudadano. Un duro golpe que deja a Italia «con la soga al cuello», como advierte la oposición a Silvio Berlusconi.
Con un recorte en sanidad de 7.500 millones, el capítulo más criticado ha sido el de las pensiones. Sube la edad de jubilación de la mujer a 65 años en el sector privado y se congelan las pensiones de los trabajadores con mejor sueldo (20%).
El gobierno italiano pretende ingresar otros 8.000 millones a cuenta de los ahorradores. Para ello, los propietarios de bonos del Estado tendrán que pagar hasta el 45% de los intereses percibidos. Los recortes se extenderán también a las regiones italianas (9.700 millones), medida que ha provocado una fuerte protesta ya que no podrán cumplir con sus obligaciones y programas sociales.
Reino Unido
Borrón y «cuenta única»
En octubre del año pasado, el gobierno de coalición de conservadores y liberales anunciaba un plan de austeridad de cinco años que ahorraría al Estado un total de 150.000 millones de euros a base de sangre, sudor y lágrimas. Desde entonces, el Ejecutivo que preside David Cameron ha puesto en marcha varios proyectos de reforma de los cimientos sociales del Reino Unido que, vistos en su conjunto, supondrán la más radical reforma del estado del bienestar desde la Segunda Guerra Mundial.
El complejo esquema actual, que permite acumular ayudas a la vivienda, a los hijos o por desempleo, se sustituye por una «cuenta única» que tendrá con el Estado cada beneficiario, con un tope por familia de hasta 30.000 euros al año. Se espera que más de 400.000 familias pierdan unos 30 euros semanales, y algunos funcionarios ya han denunciado que la limitación de ayudas podría llevar a muchas familias a la calle.
El gobierno quiere reforma las pensiones de los seis millones de funcionarios, obligándoles a trabajar más años, a cotizar más para recibir una pensión menor. Otras comisiones de reforma revisan actualmente el esquema de asistencia a la tercera edad o la introducción de elementos de gestión privada y competencia en el sistema de salud nacional.
Irlanda
La deuda del ladrillo
Tras la caída del imperio griego, Irlanda ha sido el segundo país en necesitar un rescate (unos 80.000 millones), evidenciando la magnitud de la crisis en Europa. Junto a la petición de auxilio a la UE y al FMI, el Ejecutivo presentó un severo plan de ajuste para allanar el camino: más impuestos, menos gasto público en el sueldo de los funcionarios, en el que era el salario mínimo (1.500 euros), menos subsidios y menos prestaciones sociales. Cargada de deudas, Irlanda está pagando las consecuencias de la explosión de una enorme burbuja inmobiliaria.
Información elaborada por Lucía Dorronsoro (España e Irlanda), Begoña Castiella (Grecia), Belén Rodrígo (Portugal), Ramiro Villapadierna (Alemania), J. Pedro Quiñonero (Francia) y Borja Bergareche (Reino Unido)
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