El PP quiere reprobar a Chaves en el Congreso y el Tribunal de Cuentas
La oposición pone al límite al vicepresidente tercero del Gobierno a las puertas de las elecciones del 22 de mayoLa Junta ocultó a la Comisión Europea ayudas al ERE que gestionó Chaves
MARIANO CALLEJA / A. R. VEGA
En algunos escaños del Congreso, y no del Grupo Popular precisamente, comparan a Manuel Chaves con un corcho: siempre flota, pase lo que pase y caiga lo que caiga sobre él tiene una habilidad asombrosa para sobrevivir y no hundirse. «Cualquier otro no habría aguantado ... toda esta presión sobre su familia, no habría tenido estómago», comentan en la oposición. Por eso en el Parlamento se da por descontado que el vicepresidente tercero del Gobierno soportará la tormenta política al menos hasta las elecciones del 22 de mayo, con dos «truenos» que le pueden acorralar aún más si cabe: una reprobación parlamentaria y una denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
Chaves es ahora mismo el flanco más débil del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el Grupo Popular no piensa darle tregua. En las filas del partido de Mariano Rajoy aseguran que todavía queda mucho hilo del que tirar en el caso de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía y describen de forma gráfica la situación: «El régimen se está descomponiendo después de 30 años, la gente está largando y los medios no dan abasto para publicarlo todo». Hasta ahora Chaves sólo ha logrado defenderse calificando de «mentiras e infamias» las acusaciones del PP, pero el agua ya le llega al cuello, tanto que en el último debate parlamentario, antes de la Semana Santa, los diputados socialistas tuvieron que «salvarle» puestos en pie con una fuerte ovación.
El partido de Rajoy no afloja la cuerda y ya ha incluido en el orden del día del Pleno del martes 10 de mayo una Proposición no de Ley por la que se reprueba al vicepresidente tercero del Gobierno. Se trata de una fórmula que no tiene ningún efecto vinculante, pero sí político. Hasta ahora, la única ministra «suspendida» por una Cámara fue Magdalena Álvarez. La reprobación de la ministra de Fomento salió adelante en el Senado en diciembre de 2007. Desde entonces, el PP registró en 2009 la reprobación de la vicepresidenta primera del Gobierno (Fernández de la Vega), la ministra de Defensa y el ministro de Justicia por su gestión respecto al secuestro del buque «Alakrana», pero nunca se llegó a debatir. Ahora hay dos reprobaciones pendientes: la de Manuel Chaves y la de su «número dos», Gaspar Zarrías.
La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que piden la reprobación de Chaves «por su incapacidad para estar al frente de las labores que tiene encomendadas por el Gobierno, y por su incapacidad para dar explicaciones sobre los escándalos que rodean su gestión política». Santamaría cree que Chaves no ha dicho la verdad en el Parlamento «en la subvención concedida a Matsa, empresa de la que su hija es apoderada, ni sobre las circunstancias que rodean la actividad comisionista de su hijo, ni en el caso de los ERE».
Reprobar a Zapatero
En el Grupo Socialista, su portavoz, José Antonio Alonso, está convencido de que la reprobación «fracasará» porque la «honestidad personal y competencia política» de Chaves «está fuera de toda duda». De momento, el PSOE ya puede contar con los votos de CiU, de nuevo en su papel de salvavidas del Gobierno, que ha anunciado su rechazo a la iniciativa del PP. Con los votos del Grupo Catalán Chaves se asegura su supervivencia política. Queda por ver si el PNV aprovecha esta oportunidad para escenificar su ruptura con el Gobierno. Otros, como UPyD, querrían ir más allá: «A quien hay que reprobar es al presidente del Gobierno, que lo nombró».
Al mismo tiempo, el PP ha registrado en el Tribunal de Cuentas una denuncia por los ERE andaluces, «burdas infracciones contables» que se han hecho «sin procedimiento, sin expediente y sin cumplir la normativa», según la portavoz del Grupo Popular. Antonio Sanz, del PP andaluz, afirmó que el caso de los ERE es el «mayor escándalo económico, político y social de la historia de la Autonomía de Andalucía». Sanz acusó a la Junta de organizar una trama mediante un sistema de subvenciones directas con una empresa pública para escapar al control político.
Mientras tanto, la implicación personal de Chaves en las ayudas públicas a un ERE que afectaba a la empresa A Novo Comlink SL en su etapa como presidente de la Junta lo pone en una situación aún más complicada. El hecho de que se fraguara en su despacho un ERE de 35 millones de euros, pagado con la partida 31L o «fondo de reptiles», en 2005, da un nuevo giro al escándalo de las prejubilaciones fraudulentas, toda vez que la tramitación de éste ha sido cuestionada por la Comisión Europea, al entender que podría vulnerar el principio de libre competencia. En un informe advierte que la ayuda a la empresa A Novo Comlink SL «no fue notificada a la Comisión».
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