El Parlament rechaza instar al Gobierno a prohibir el uso del «burka»
La comisión ha rechazado la propuesta de resolución, que ha contado con el único apoyo de su promotor, el PPC, y la abstención de Ciutadans

La comisión de bienestar, familia e inmigración del Parlament ha rechazado la propuesta de resolución del PPC que proponía la prohibición del burka en todos los espacios públicos de Cataluña. Con los votos en contra de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, la comisión ha rechazado la propuesta de resolución, que ha contado con el único apoyo de su promotor, el PPC, y la abstención de Ciutadans, excepto en un punto que se ha votado por separado y han votado a favor.
En este punto tercero se instaba al Govern a "potenciar el diálogo con los sectores más abiertos y liberales de la comunidad musulmana". Ha sido un debate calcado al que tuvo lugar en el pleno del Parlament del pasado 1 de julio, en el que los grupos de PSC, ERC e ICV-EUiA rechazaron una moción muy parecida a la propuesta de resolución votada hoy y que en esa ocasión si contó con el apoyo de CiU.
Los grupos que han rechazado la propuesta de resolución han cargado duramente en contra del PPC y del diputado encargado de defenderla, Rafael López.
Todos ellos han coincidido en acusar al PPC de promover un conjunto de medidas relacionadas con la inmigración e n plena campaña prelectoral con un claro objetivo electoralista.
Fuentes populares, ya habían subrayado la difícilutad de que la resolución saliese adelante, pues CiU había presentado una enmienda en la que exige que este debate no se haga en época preelectoral, en referencia a las municipales de mayo, y el PSC pedía que previamente se consulte con las comunidades musulmanas.
La propuesta de resolución contemplaba reformas legales para "prohibir la utilitzación de piezas de vestir que impidan la identificación y comunicación visual en lugares públicos".
El Ayuntamiento de Lérida fue pionero en España en regular el uso de este velo en los espacios públicos y, a partir de entonces, se sumaron otros municipios catalanes. El anterior gobierno tripartito siempre se resistió a aprobar una norma autonómica en este sentido debido a las discrepancias entre PSC, ERC e ICV.
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