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El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación con el apoyo de todos los grupos, menos IU e ICV, que, si bien no tienen representación en la comisión donde ha sido debatida, han rechazado el texto porque "empeora la carrera investigadora".
Después de dos años desde que se hiciera el primer borrador de la citada ley, el texto ha sido debatido y votado en la Comisión de Ciencia e Innovación, que ha aprobado la ley con competencia legislativa plena, por lo que ahora el texto irá al Senado.
En esta comisión, ERC e IU han compartido el tiempo de debate, si bien ha sido ERC quien ha votado (a favor). Para el diputado de IU Gaspar Llamazares ha habido una "ruptura de los preacuerdos" alcanzados sobre la contratación de los investigadores que ahora, tras la incorporación de una disposición adicional, se "empeora" porque no se aplica el límite de tres años en la duración de la contratación temporal por obra o servicios.
Esta ley sustituirá a la anterior de 1986, con el objetivo de adaptar el sistema de ciencia, tecnología e innovación a las circunstancias actuales del país. El texto apuesta por la creación de una Agencia Estatal de Investigación -sin aumento del gasto público y en un año desde su entrada en vigor-; establece tres tipos de contratos para los científicos -ninguno indefinido- y la reorganización de los organismos públicos de investigación, que podría suponer la extinción de aquellos cuya parte sustancial de sus fines se solapen.
En concreto, el proyecto incluye un contrato predoctoral, que sustituye a las becas y que tendrá una duración determinada (no más de cuatro años) y un contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación, dirigido a aquellos en posesión del título de doctor o equivalente (no podrá durar más de 5 años).
Además, habrá un contrato de investigador distinguido, destinado al científico nacional o extranjero de "reconocido prestigio". Aquellas organizaciones que reciban dinero público tendrán que contratar y no becar, y la evaluación que en la actualidad pasan los científicos del Ramón y Cajal contará para el contrato de acceso. El proyecto, que menciona que la oferta pública de empleo contendrá las previsiones de cobertura de plazas al servicio de los organismos públicos de investigación, mandata al Gobierno a elaborar la Estrategia Española de Innovación, a través de un plan estatal.
