La cifra de empresas de la Generalitat se ha duplicado desde 2006
Un tupido entramado de entidades públicas es el gran responsable de los números rojos del gobierno catalán
Que la situación financiera de la Generalitat es pésima, no es ningún secreto: una deuda acumulada de 28.096 millones de euros (diciembre de 2010), previsión de alcanzar los 40.000 en 2012 y necesidad urgente de encontrar financiación para, a corto plazo, pagar amortizaciones de deuda, compromisos de pago e incluso las nóminas de los funcionarios. La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta es tan sencilla como compleja: descontrol en el gasto y demasiada alegría presupuestaria en tiempos de bonanza, un déficit desbocado que año tras año ha llevado la deuda a cotas históricas.
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En el origen, la creación de una super estructura, tanto dentro de la propia Generalitat como en sus aledaños —empresas, entidades de derecho público, organismos autónomos, sociedades participadas, consorcios...—, que hace que sólo en costes de personal, en 2010 el Govern gastase 11.144 millones de euros en el pago de nóminas a sus 266.322 empleados, el 58% de los cuales con categoría de funcionario. Si a la deuda de lo que podría calificarse como «grupo Generalitat» se suman las obligaciones y otros insrumentos financieros del Instituto Catalán de Finanzas —una suerte de banco público que por ejemplo vehicula las ayudas públicas a Spanair— la deuda total ascendería hasta los 38.555 millones. En este escenario, los últimos cuatro años —segundo tripartito— han sido determinantes para el desequilibrio de las finanzas públicas. Desde 2006, cuando el capítulo de gastos e ingresos estaba compensado —en el 13,9% del PIB—, las dos curvas no han dejado de separarse, hasta llegar al máximo diferencial alcanzado en 2010: un 3,6% que explica el déficit del pasado ejercicio.
Hipertrofia administrativa
El gobierno de José Montilla ha legado una administración hipertrofiada, en un crecimiento de gasto y de personal sólo comparable al de los años ochenta, cuando en los albores del estado autonómico Cataluña construía su administración. La necesidad de contentar, a partir de un oneroso sistema de cuotas, a los tres partidos del ejecutivo hicieron imposible cualquier intento de reducción del aparato administrativo. Solo en el tramo final de la legislatura, Montilla puso en marcha, de manera nada eficaz, un plan de racionalización administrativa, incluyendo la revisión de unas 60 entidades.
En 2006 los empleados directos de la Generalitat eran 118.240; cuatro años después, 131.679.
En el actual escenario de emergencia económica, muchas miradas convergen en el subsector de las entidades públicas, creadas con el objetivo de mejorar la eficiencia de la administración, pero que a la postre, y de manera acusada en los últimos cuatro años, se han convertido en un desbocado potro de gasto financiero. En números absolutos, las entidades han pasado de las 108 que se tenían contabilizadas en 2006 a las 224 de 2010.
En 2006 los empleados directos de la Generalitat —policías, maestros, personal de la administración...— eran 118.240; cuatro años después, la cifra había crecido hasta los 131.679, un 11,4% más. Si el aumento de personal directo ya ha sido mucho mayor que el crecimiento de la población en el mismo periodo (sobre el 5%), el crecimiento en las entidades ha sido incluso más elevado. De la plantilla de 69.182 personas en 2006 en las entidades se ha pasado a 96.643 en 2010, un crecimiento del 36,8%. Mucho mayor ha sido la evolución del gasto en este capítulo: de 3.920 millones a 5.479 para los salarios del personal directo (un 40% más), y de 2.751 millones a 4,664 (70% más) para el personal de las entidades.
Todas estas cifras, recopiladas en un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona, apuntan a lo que bien puede calificarse como el agujero negro de las cuentas del Govern. Hay ejemplos: la Agencia Catalana del Agua podría arrastrar una mochila de deuda de unos 1.400 millones, que en el caso del Instituto Catalán del Suelo llegaría a los 900. Esto por lo que respecta a institutos y agencias, ya que en las empresas o en los consorcios —participados en mayor o menor medida por la administración— sucede otro tanto.
El capítulo de gastos también se ha disparado: crecimiento del 101% en la Generalitat (de 189 a 381 millones), y del 269% (de 74 a 272) en el capítulo de alquileres y cánones. Otras partidas, más modestas pero posible vehículo de amiguismos, también se han disparado. Es el caso del de publicaciones e informes, que si en la Generalitat desciende un 14% (hasta los 11 millones) en las entidades paralelas crece un 196% (hasta los 10 millones) en los últimos 4 años. Con este panorama, hasta se entiende la resistencia de la Generalitat, se diría que por imposibilidad, a llevar más allá del 10% la reducción del presupuesto.
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