Las doce pruebas del juez Ruz para descabezar al «Faisán»

Bajo el foco

Consciente de que sus decisiones están en el punto de mira del Gobierno por cuanto pueden resultar incómodas para el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; del primer partido de la oposición, que ve en el «caso Faisán» el arma arrojadiza perfecta contra Zapatero; y de los medios de comunicación, Ruz va paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Enfrente tiene también a la Fiscalía, que el 1 de octubre de 2009 (aún era Garzón el juez titular) ya pidió el sobreseimiento de la causa y que en fechas más recientes se ha limitado a señalar que no es necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación.

En este momento, el Ministerio Público sólo tiene pendiente informar sobre los nueve folios de la comisión rogatoria de la juez gala Laurence Levert que Pablo Ruz declaró secretos hace un par de semanas y cuyo contenido no ha trascendido. El resto de las diligencias aportadas por Francia no han desvelado nuevos datos para la investigación.

Lo cierto es que este juez, de la mano de las acusaciones ejercidas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y por la AVT, ha ordenado ya la práctica de numerosas diligencias de prueba. Entre ellas, la declaración de testigos para esta semana que comienza y la identificación de los usuarios de tres números de teléfono adscritos al Ministerio de Interior que mantuvieron conversaciones con los imputados los días 3 y 4 de mayo de 2006. Es decir, en las fechas en que se produjo el chivatazo que obligó a retrasar la operación policial contra la red de extorsión de la banda terrorista ETA que tenía como centro de operaciones el bar «Faisán» de Irún. Durante la operación, iba a ser detenido el etarra José Antonio Cau Aldanur, que se encargaba de recoger en el «Faisán» información sobre potenciales víctimas del chantaje para llevarla al cabecilla Eloy Uriarte «Señor Robles», en Francia.

Esta última diligencia (identificación de los usuarios de tres teléfonos de Interior), ya practicada, ha dado resultado negativo y Ruz no ha considerado necesario citar como testigos al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, y a un inspector jefe de la lucha antiterrorista, titulares de dos de las líneas investigadas.

Recibida la comisión rogatoria francesa, el juez Pablo Ruz transformó las diligencias previas en sumario al estar castigados los delitos investigados (en principio, revelación de secretos y colaboración con banda armada) con penas de prisión de entre 5 y 10 años. En esa resolución puso de manifiesto su intención de agotar la investigación antes de resolver la petición de sobreseimiento hecha hace más de un año por la Fiscalía, que el instructor calificó de precipitada al quedar aún flecos sueltos por esclarecer.

Las principales pruebas ordenadas por Ruz en el «caso Faisán» son las siguientes:

El magistrado volverá a citar como testigos (ya lo hizo Baltasar Garzón en su día) al inspector jefe de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y a la jefa de la Sección de Análisis de la misma Brigada. Además, tendrán que acudir a la Audiencia Nacional, también en calidad de testigos, el que fuera comisario jefe accidental de la UCI; el comisario provincial de San Sebastián; y el entonces jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, previa averiguación de si este cargo lo ocupó el primero de los funcionarios mencionados con el fin de no duplicar la citación. También ha sido llamado un periodista.

Con el fin de identificar a la persona que entregó a Joseba Elosúa (propietario del bar Faisán) el teléfono móvil desde el que recibió el «chivatazo», Ruz ha encargado un informe ampliatorio que, entre otros extremos, deberá especificar la hora exacta a la que el «correo» sale del establecimiento; analizar a las personas que entraron en el bar para comparar su fisionomía con la del inspector de Álava imputado; determinar si los cortes de la cinta que contiene la grabación de las entradas y salidas del «Faisán» coinciden con la hora en que se entregó el móvil; e informar sobre la cadena de custodia de la cinta.

Ruz pregunta al equipo investigador de la Policía cuál fue el método que se siguió para reducir el número de llamadas «sospechosas» —efectuadas entre las 11.10 y las 12.00 horas del 4 de mayo de 2006— de las 1.932 iniciales comunicadas por tres operadoras de telefonía (Movistar, Vodafone y Amena) a las 63 que finalmente fueron investigadas a fondo. El juez quiere saber también cómo se identificó a los usuarios de los números correspondientes a tarjetas prepago o, en cualquier caso, aquellos cuya identidad no pudo ser aportada por las compañías.

DyJ solicitó en su día al juez Garzón que encargara a la Guardia Civil un contrainforme sobre la cinta de vídeo con la grabación de los accesos del bar Faisán. Garzón rechazó esta opción y consideró «absolutamente improcedente» la intervención de la Benemérita, habida cuenta de que la investigación realizada por un equipo de la Policía dirigido por Carlos G. era «exhaustivo» y «difícilmente superable». Ruz no es de la misma opinión, y ha decidido pedir una nueva pericial a la Guardia Civil con el fin de que confirme o rebata las conclusiones de la Policía. Al mismo tiempo, el juez pide a este último Cuerpo una ampliación del análisis de la citada cinta.

La cita con un confidente, miembro en activo de la banda terrorista ETA, forma parte del relato efectuado por dos de los imputados (el inspector de Álava y el comisario del País Vasco). El juez Ruz quiere contrastarla y, por ese motivo, ha ordenado la identificación del individuo para su citación como testigo. Señala que es una «diligencia indispensable para sostener la versión de los hechos ofrecida» por ambos mandos policiales.

Asuntos Internos

A petición de Dignidad y Justicia, el instructor del «Faisán» ha ordenado una serie de diligencias que en su día fueron denegadas por Garzón. Entre ellas, requerir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que informe si existe algún expediente sobre la actuación de los funcionarios que participaron en la operación contra la red de extorsión etarra que aún no haya sido remitido al Juzgado.

Otra prueba, ésta pedida por la AVT, también será practicada. Se trata de requerir al «número dos» de la Policía si existe «orden de servicio» por la que se comisionó al inspector de Álava imputado para salir de su demarcación provincial.

Finalmente, a petición de una de las defensas, Ruz pide una ampliación de la pericial telefónica para que se concrete si con los medios técnicos disponibles en mayo de 2006 los repetidores de telefonía móvil identificaban «zonas de ubicación donde se encontraba activo un teléfono» o «puntos exactos», como sucede hoy con el sistema Sitel y el GPS.