El TC admite los recursos contra las multas lingüísticas en Cataluña

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos contra las leyes catalanas del cine y de consumo, presentadas por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso. Ambas normativas imponen multas lingüísticas, en el primer caso por no cumplir con las cuotas de doblaje en catalán determinadas por la Generalitat y, en el segundo, a aquellos empresarios que solo rotulan sus comercios en castellano. Respecto a la ley de consumo, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, también presentó recurso.

En su resolución, el TC da traslado de la demanda al Congreso, al Senado, al Gobierno y al Ejecutivo autonómico para que, «en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes». Las impugnaciones se basan en los dos casos en la sentencia del Alto Tribunal sobre el Estatuto catalán, según la cual, la lengua catalana no puede considerarse preminente en detrimento de la castellana. Este fallo también ha sido invocado por los populares en otro recurso contra la normativa de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona tramitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que recientemente ordenó la suspensión cautelar de la misma. Este tribunal ordenó asimismo la misma medida provisional para la normativa lingüística de la Diputación de Lérida.

La decisión de la Defensora del Pueblo de recurrir la ley de consumo catalana le valió durísimas críticas del Gobierno tripartito, uno de cuyos miembros, el consejero de Innovación, Josep Huguet (ERC), la tildó de «falangista». La iniciativa de Cava de Llano respondió a una petición del diputado catalán del grupo mixto y presidente de la plataforma Impulso Ciudadano, José Domingo, quien precisamente ayer advirtió de que la política sancionadora de la Generalitat en materia lingüística «continúa plenamente vigente». En este sentido, informó de que el Gobierno catalán ha desestimado los recursos que, por vía ordinaria, presentaron los empresarios Xurde Rocamundi y Feliciana Piris, contra las sanciones de 1.200 euros que le fueron impuestas por no disponer en catalán de toda la rotulación y carteles de sus respectivos establecimientos.

En el caso de Feliciana Piris, la sanción se produjo por colgar el cartel «Los hilos no se cambian» en la mercería que regenta. En respuesta a las alegaciones de los comerciantes, la Generalitat recuerda que si no se abona el pago en un plazo determinado, se impondrá un recargo del 20% de la sanción. Asimismo, les recuerda que pueden recurrir a la vía contencioso-administrativa.

Con la nueva ley de consumo, aprobada antes del verano por el Parlamento autonómico, esas multas se han elevado a 3.000 euros. «Solicitamos que en la próxima contienda electoral —en alusión a las elecciones autonómicas del 28-N—, los ciudadanos valoren especialmente la voluntad totalitaria de algunas formaciones que son contrarias a la libertad de expresión en las relaciones privadas y que no se dejen engañar por aquellos que ahora sancionan y que dicen que en el futuro no lo harán», indica Impulso Ciudadano en un comunicado.

Las competencias en materia de consumo están en manos de la Consejería de Economía, que dirige el socialista Antoni Castells. Ya en fase de precampaña, el PSC se mostró dispuesto a replantear ese tipo de sanciones lingüísticas si, tras el 28-N, vuelve a gobernar.

La ley del cine también tiene un apartado sancionador donde se prevén multas de 75.000 euros si se incumplen las cuotas de doblaje en catalán (50% de las copias). La aprobación de esta legislación, que actualmente analiza el Parlamento europeo para determinar si vulnera alguna norma comunitaria, provocó una jornada de huelga del sector de exhibidores.