El gasto en menores extranjeros para 2011 cae un 82 por ciento

En 2006, cuando alcanzaron las costas del Archipiélago en barcazas casi 32.000 personas, el mayor número desde que el fenómeno de la inmigración irregular estallase allá por 1994, alcanzó su máximo la preocupación en las Islas sobre cómo garantizar una adecuada atención a estas personas, especialmente a los niños. Hoy, el discurso de parte de la clase política que desde entonces discurrió en paralelo —basado en lo insostenible de la situación por su impacto en los fondos públicos— parece tocar fin.

Y es que aunque Canarias sea la región a la que más de cerca toca el drama —en ocasiones, tragedia— de la inmigración clandestina, lo cierto es que el fenómeno ha perdido fuerza. Un ejemplo lo aporta el nuevo proyecto presupuestario, que en la partida destinada al «Gasto de menores extranjeros no acompañados» refleja un sobresaliente recorte: desde los poco más de 20 millones de euros que estipulaban las cuentas de 2010 hasta 3,6 millones, un 82 por ciento menos.

Además, no es la descrita la única partida relacionada con la inmigración que encuentra alivio en estos presupuestos. Así, la «Integración social de inmigrantes», que en los números del pasado ejercicio supuso casi 5,6 millones de euros, suma ahora unos fondos de 3,6 millones, esto es, una disminución del 35 por ciento.

Hasta agosto, el número de menores extranjeros que alcanzaron las costas canarias fue de tan solo ocho, frente a los 166 que llegaron en los mismos meses de 2009, según datos de la Delegación del Gobierno. El año que disparó las alarmas, el referido 2006, fueron, exactamente, 31.859 inmigrantes los que en cayucos o pateras alcanzaron las Islas, lo que elevó notablemente la cifra de niños bajo tutela de la Administración regional. Desde entonces, la atención a estos menores ha estado rodeada de polémicas: desde la reciente crítica del gobierno andaluz por un supuesto traslado irregular hasta un informe de Human Rights Watch que desacredita la labor del Ejecutivo autonómico.