El acoso en carretera podrá motivar prisión

Así lo explicó ayer el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, durante la presentación de las estadísticas de delincuencia vial correspondientes a 2009. Vargas aseguró que aquellos conductores que «hostigan y presionan» a otros vehículos en la carretera «atacan la libertad y dignidad de éstos y provocan desequilibrio psicológico y nervios en ellos». Por este motivo insistió en que «hay que llamarles por su nombre: acosadores» y animó a «denunciarles en casos muy graves», pues «la Policía perseguirá estas conductas cuando constituyan delito», que serán consideradas «conducción temeraria».

Otro punto destacado de la reforma del Código Penal será el decomiso de vehículos, medida que «un sector de la ciudadanía no ha entendido», en opinión de Vargas. Su aplicación tiene «un valor educativo para hacer comprender al conductor que su automóvil está para cumplir la ley y respetar la vida de los demás». Fundamentó la medida en la «peligrosidad objetiva» que se manifiesta «en la relación criminógena que establece el conductor con el coche, un potencial delictivo para delinquir en el futuro».

¿Cuándo se decomisará?

Este decomiso, que la Fiscalía «pretende que sea un sustitutivo de la prisión», podrá suponer «la pérdida total de la propiedad» o tener carácter «temporal». Los fiscales tendrán en cuenta una serie de criterios objetivos y subjetivos para aplicar la retirada del vehículo, tales como «la gravedad de la pena prevista para el delito, que el vehículo haya sufrido manipulaciones (que podría afectar a automóviles tuneados), la utilización de

tacógrafos, inhibidores de radares o de sustancias» que dificulten la identificación de la matrícula.

A buen seguro, algunos de los criterios generarán polémica, como los que aluden al valor económico del vehículo, pues según indicó Vargas, «se decomisa más fácilmente un vehículo de diez años que el que tiene gran valor». Otros parámetros, aplicados siempre de forma conjunta, ponderarán la «relevancia» del vehículo en el desarrollo de la profesión del penado y las «repercusiones de su incautación en su ámbito familiar o social».

En los casos en que se proceda a la venta del vehículo confiscado, la Fiscalía «propone la creación de un fondo patrimonial» que se destine a programas de deshabituación de conductores alcohólicos o adictos a drogas, de educación vial y a indemnizar a las víctimas, si las hubiere. Preguntado sobre si hay infraestructura suficiente para ejecutar dichos decomisos —algo que Pere Navarro, director de la DGT no cree factible—, Vargas declaró que «tenemos seis meses para trabajar».

Por otro lado, Vargas anunció que la nueva normativa «permitirá generalizar los controles de drogas» para equipararlos en número a los controles de alcoholemia actuales.