Denuncian que los ingenieros de Costas trabajan como «mafias»

«La reforma de la Ley de Costas habría que abordarla por cuestiones mentales e higiénicas, pero más importante es un cambio en los funcionarios. Muchos tienen pensamientos extremos y dogmáticos porque con esta misma ley se podría hacer una aplicación más dulce». Es la reflexión en voz alta de José Ortega, abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que ha querido compartir con ABC la aplicación de un documento que trae de cabeza a muchas familias en las Islas, que cada noche se despiertan con la pesadilla de que su casa, en primera línea de mar, acabará demolida por las palas.

La plataforma a la que representa nació en enero de 2008 y bajo su paraguas se refugian unas 5.000 familias del país. En Canarias la lista es extensa: Bajo La Cuesta, Los Cristianos, Guía de Isora (Tenerife); La Bombilla, El Remo, Tijarafe, Puntagorda (La Palma); El Golfo (Lanzarote); Puerto Lajas y Puerto Molinos (Fuerteventura) o San Sebastián de La Gomera. Ortega acusa directamente a los ingenieros de costas de tener «prejuicios» y aplicar «criterios de mafia» y «empresa privada» ajenos al correcto funcionamiento de la Administración pública. «Se creen que el ciudadano es un ladrón que sólo quiere conquistas territorios», explica. En esa línea, cree que son una «casta fortísima con un poder inmenso, con una autonomía cada vez más consolidada y que pasa informes sesgados, y no es un problema del partido político que gobierne».

Asegura que la idea inicial de Medio Ambiente en 2008, en los tiempos de Cristina Narbona, era «buena»: limpiar el dominio público de construcciones ilegales, «pero es para preocuparse lo que ellos entienden como ocupaciones ilegales». «Le dieron a José Fernández [ex director general de Costas] licencia para matar y se meten con gente que tiene derecho a una concesión y derriban su casa sin preguntar», señala.

Ortega sitúa el origen de todos los problemas en la redacción de la ley de 1988. ¿Por qué?, porque en ese momento se aplicó el criterio de «cuanto más mejor», de tal manera que quien fija los límites del dominio público serán los temporales máximos conocidos y no los ordinarios. El problema es que el Estado incumple su propia ley. ¿Dónde?, en el casco viejo de San Sebastián, por ejemplo. «El 13 de marzo de 2008, un temporal en el Cantábrico salta los paseos marítimos y se mete dentro del casco viejo de San Sebastián, habitáculo habitual de los abertzales. El Gobierno tenía que haber ido allí a hacer un deslinde, pero no lo ha hecho porque no procede», asegura.

El abogado valenciano sostiene que la ley es «poco práctica» y tiene «defectos técnicos», aunque respeta su filosofía de evitar el agotamiento del litoral por culpa de la presión de la construcción, elemento muy reconocible en el Mediterráneo durante los setenta y los ochenta. Lo que sí tiene claro Ortega es que «no se puede defender cualquier tipo de chabolismo ni hacer demagogia pretendiendo que todo lo que hacen los ciudadanos está bien y el Estado mal». En ese sentido, asegura que en Canarias hay «circunstancias peculiares» que no entienden en Madrid. Habla, por ejemplo, del derecho de conquista, reconocido por Rousseau. «El poblado de El Golfo o Los Molinos son espacios a los que llegas tras varios kilómetros de pedruscos, lugares donde se asentó gente honesta en los cuarenta y en los cincuenta en terrenos que no eran suyos, pero ése es el origen de la propiedad privada sobre la tierra. Viene un señor, pone cuatro mojones y dice, esto es mío. Ha pasado en la primera mitad del siglo XX en Canarias. Se crea una propiedad privada por ocupación y después se consolida», apunta.

Este fenómeno, a su juicio, hay que diferenciarlo de la depredación de la costa que hacen los especuladores urbanísticos. En Canarias, la causa la motiva la pobreza y el espíritu de aventura y de ganarse la vida. «Si aquí hay paro, la economía no va y yo me he instalado con mi familia en un erial de mierda y lo humanizo, transporto civilización. Es muy inapropiado aplicar linealmente con escuadra y cartabón esta ley a Canarias. Aquí hay poblados que están muy metidos en el mar y tienen que estar así porque han estado siempre así, y eso, le da interés al paisaje, lo humaniza y lo engrandece», sentencia. Otra cosa, señala, es que a río revuelto ganancia de pescadores: «Hay poblados antiguos que se han ido ampliando. Hay que ver quién esta amparado por raíces históricas y quién es un listo. Y en Canarias los hay y abanderan la injusticia. Por eso hay que tener cuidado con echarle la culpa al Estado de todo».