Denuncian que el Ayuntamiento no permite instalar en viviendas placas solares para vender la energía a la red
Si de algo se ha hablado hasta la saciedad en los últimos años en esta Comunidad en el apartado energético es de las energías renovables, en las que nos proclamamos campeones en su desarrollo y potenciación. Hasta el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, basa en este tipo de generación energética buena parte del éxito de su enigmático plan de Economía Sostenible. Pero la práctica cotidiana muchas veces marcha en sentido contrario al de la filosofía de las grandes ideas.
Así, mientras en muchos ayuntamientos de España, y por ende de esta región, se permite la instalación en las viviendas de los pueblos y ciudades de paneles fotovoltaicos conectadas a la red, es decir, que la energía sobrante del consumo de ese domicilio se puede vender descargándolo a la red de suministro, en la capital toledana esto es imposible. Al menos así lo indica la ordenanza número 30 del Plan de Ordenación Municipal, que considera esta actividad como prohibida al entender que se trata de un uso industrial productivo.
Esa es la norma que el Ayuntamiento viene aplicando de manera reiterada en las diferentes solicitudes que ha recibido. No así en lo que se refiere al autoconsumo de una vivienda, si bien estos son casos no son frecuentes por su escasa rentabilidad, por no decir que supondría un coste añadido.
Caso práctico
Uno de los casos de denegación de instalación solar fotovoltaica con conexión a red es el presentado por María del Sagrario Domínguez Mediano, que solicitó la instalación en su vivienda en una de las zonas residenciales de las afueras de Toledo capital. Tres negativas se ha encontrado a lo largo de su solicitud en este año, la primera del jefe de Sección, la siguiente del concejal de Urbanismo y al última del propio alcalde, siguiendo las instrucciones de los técnicos municipales. Ahora sólo resta la vía contencioso-administrativa, como se sabe larga y costosa.
En el escrito de alegaciones de María del Sagrario Domínguez se recoge un amplio abanico de argumentos legales y de estrategia energética para rebatir la actual situación, aunque por ahora sin éxito. La primera de ellas trata de contestar al argumento de uso industrial de ese método de generación de una energía que, según se dice en las alegaciones, no es molesta, ni peligrosa, ni ruidosa, ni genera residuos ni necesita de acciones urbanísticas para su instalación, que queda perfectamente integrada. Además, parece un contrasentido que se autoricen para el autoconsumo y no conectadas a la red para vender la energía sobrante, que es la única forma de obtener un rendimiento.
Soluciones legales
Desde el punto de vista legal, el problema lo han solventado muchos ayuntamientos con una interpretación de la norma que trata de recoger el movimiento actual de los gobiernos de fomentar la implantación de energías renovables, pero también ya recogidas en varias directivas europeas y reales decretos. Uno de ellos, el 661/2007, señala que «la política energética nacional debe posibilitar, mediante la búsqueda de la eficiencia energética en la generación de electricidad y la utilización de fuentes de energía renovables, la reducción de gases de efecto invernadero de acuerdo con los compromisos adquiridos con la firma del protocolo de Kioto».
El RD 1578/2008 habla de las ventajas de esta energía en viviendas «como generación distribuida, porque no aumenta la ocupación de territorio y por su contribución a la difusión social de las energías renovables». Aquí hay que apuntar que el mapa nacional de este tipo de energía indica que el 90 por ciento de la producción se genera en suelo rústico y el 10 restante en suelo urbano, cuando la tendencia de los países desarrollados es la contraria. Incluso los nuevos decretos establecen subvenciones más bajas en suelo rústico y más elevadas sobre tejado en suelo urbano.
Pero es que además el propio Ministerio de Industria y Comercio abre la puerta a los ayuntamientos para autorizar estas instalaciones urbanas, ya que en el RD 1578/2008 de 26 de septiembre permite «instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario». Las instalaciones de uso residencial suelen ser pequeñas, con menos de 20kw, lo que supone menos de 120 metros cuadrados.
Ventajas económicas
A estos argumentos se añade el informe de la Asociación nacional de Instaladores Fotovoltaicos, que señala como ventajas la creación de empleo, ingresos por tasas e impuestos municipales, mayor actividad económica local, mejor suministro energético local e identificación del municipio con las energías renovables.
Precisamente el factor económico de ingreso de tasas debe ser algo a tener en cuenta en estos tiempos de penurias para las arcas municipales, como consecuencia del enorme descenso de la actividad económica, que hace que se ingresen menos impuestos.
En este sentido, llama la atención que mientras el ciudadano se encuentra con la imposibilidad de realizar este aprovechamiento energético, el Ayuntamiento parece decidido a convertirse en promotor/productor de energía solar en edificios de su propiedad.
De hecho, el pleno del Ayuntamiento aprobó en septiembre pasado, a instancias de Izquierda Unida, el aprovechamiento de esta tecnología mediante concesiones. Eso quiere decir que la empresa que invierta en la instalación de placas solares obtendrá un contrato para la explotación durante una serie de años en los que se embolsará los beneficios correspondientes. A cambio, deberá pagar un canon anual al Ayuntamiento en función del rendimiento energético obtenido por los paneles solares y que tendrá una actualización anual. Ese beneficio lo podría obtener el Ayuntamiento también con los particulares a lso que ahora se les deniega.
Casualmente esta misma semana el Ayuntamiento de Villacañas ha publicado las bases para ceder la instalación de paneles solares en cubiertas municipales, en concreto en el polideportivo, centro ocupacional, teatro Miguel de Cervantes y un nuevo almacén municipal.
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