Investigan giros millonarios al exterior durante la Operación Palmera

Se trata de movimientos bancarios que algunos de los implicados no han podido justificar de manera fehaciente en sus comparecencias ante el juez que entiende en la causa, Juan Carlos Socorro, del Juzgado de Instrucción número 4 de de San Bartolomé de Tirajana.

Incluso, no ha pasado desapercibido para quienes llevan adelante la investigación la llamativa cantidad de cheques al portador emitidos por empresas presuntamente vinculadas a la trama, por sumas tan elevadas que superan los cientos de miles de euros.

Hacienda debería saberlo

«Es imposible que eso no haya llamado la atención de Hacienda», aseguraron a este periódico fuentes con una larga trayectoria en entidades bancarias. Por otra parte, cuando un talón supera los 3.000 euros se exige que el portador rellene con sus datos personales el reverso del mismo.

Del mismo modo, otra circunstancia que no ha pasado desapercibida para los investigadores es que en el período en que sucedieron los hechos fuera relevado de su cargo el subdirector de una sucursal santaluceña de una entidad de ahorro, sin que se conocieran los motivos.

En los círculos políticos del municipio no ha dejado de comentarse, por otro lado, que Dunia González haya sido designada en julio pasado como nueva teniente de alcalde, es decir, como primera sustituta en caso de que Matos dejase la Alcaldía. Se trata de la única concejal del grupo de gobierno que en 2005 no estuvo presente el día en que el pleno votó su conformidad a que el Ayuntamiento optase por la instalación de un parque eólico financiado por la Unión Europea (UE).

Con el objetivo de conseguir de los fondos que facilitaba la UE a las regiones ultraperiféricas (como Madeira, Azores y Canarias), el consistorio gobernado por Nueva Canarias presentó un proyecto eólico que, ante las instancias comunitarias (y ante el Concurso convocado por la Consejería de Industria del Gobierno regional), puntuaba más si se ubicaba en terreno público.

Sin embargo, el Ayuntamiento no tenía acceso a suelo público, por lo que -según las investigaciones que la Guardia Civil entregó al juez y a las que ABC ha tenido acceso-, elaboró una serie de convenios con ciertas empresas para conseguir la cesión de unos terrenos privados para evitar así la expropiación, que hubiera dilatado los plazos de ejecución, perdiéndose así las subvenciones.