Negando la mayor

Pues está escrito en el Estatuto de Cataluña, que es precisamente la piedra angular del descontrol y la zozobra que envuelven nuestra política desde que Zapatero decidió tirar el carro de la gobernación del Estado por un pedregal de exigencias nacionalistas. Y ése es el problema que conduce al delirio paradójico de que la estabilidad del Gobierno de España dependa del criterio de tres diputados independentistas cuya aspiración más profunda consiste en dejar de ser españoles, y cuyo respaldo es de apenas medio millón de votos. Un problema que impone al conjunto de la nación una exigencia financiera desigual y un reparto desequilibrado.

En su lógica endogámica, la clase dirigente se ha enzarzado en el debate sobre quién se lleva más y quién menos porque los propios partidos nacionales están sometidos al impulso centrífugo de sus aparatos autonómicos. Pero cuando para cuadrar esas cuentas artificiales es menester aportar once mil millones de euros suplementarios en una tesorería endeudada ya no se trata de que unos pierdan y otros ganen. Eso es lo de menos: perdemos todos. Perdemos exactamente esos once mil millones, casi dos billones de pesetas, que se van a entregar a unas voraces instituciones territoriales descomprometidas con cualquier atisbo de contención de gasto, arrastradas por el crecimiento exponencial de sus necesidades clientelares. Y sin una sola condición o contrapartida... ¡salvo la de que no bajen los impuestos!

Aliado con el «lobby» político catalán, el zapaterismo ha montado una gran farsa para procurarse un precario pacto de estabilidad, y al agitar la bolsa de los cuartos ha hecho acudir al reparto a los virreyes de las autonomías nerviosos por el tintineo de las monedas. Pero el debate está viciado porque su premisa principal se ha establecido a espaldas de los dueños del dinero, que sólo van a pagar y callar sin que nadie de entre sus representantes legítimos clame por este nuevo atropello de sus intereses.