Garzón pide ahora datos conocidos y que figuran en la Causa General franquista

Garzón decidió desempolvar ayer, para sorpresa de propios y extraños, la Causa General franquista. Los datos de las personas desaparecidas de resultas de las actuación de los tribunales republicanos en Madrid, que el juez ha solicitado al Archivo General de la Administración, forman parte de la documentación acopiada por el régimen de Franco para instruir la Causa General contra «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja», según el decreto de abril de 1940, con el que se abrió este proceso en la posguerra. De hecho, la documentación reclamada ayer por Garzón erróneamente al Archivo General de la Administración se conserva hoy en los fondos de la Causa General que se guardan en el Archivo Histórico Nacional.

Un trabajo ya hecho

Los responsables de la Causa General reunieron en su día todos los documentos de los tribunales republicanos, revisando la labor de sus magistrados y jueces en la guerra, para incluirla en su actuación represora. Así, se hizo acopio de la documentación del Tribunal de Responsabilidades Civiles, del Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y del Tribunal Supremo, así como de los tribunales y juzgados populares, y de los tribunales militares republicanos. La documentación de estos órganos judiciales republicanos con sede en Madrid es la que ha pedido precisamente Garzón en la providencia dictada ayer.

Una buena parte de estos documentos reclamados por el juez de la Audiencia Nacional se encuentran digitalizados y disponibles para la consulta de cualquier ciudadano a través de Internet, en una página web del Ministerio de Cultura, la del Portal de Archivos Españoles (Pares). El pasado mes de julio, el Ministerio de Cultura anunció la inclusión en el Portal de Archivos Españoles, para su libre consulta, de un total de 639.843 imágenes digitalizadas de los documentos pertenecientes al Grupo de Fondos de Tribunales Populares y Jurados de Guardia y de Urgencia de Madrid, pertenecientes al Archivo Histórico Nacional. En dicho grupo de fondos se conservan los sumarios y causas instruidos por tribunales de los que Garzón ha solicitado información.

La decisión de Garzón supone un viraje sustancial de su estrategia respecto a su actuación de primeros de septiembre, en la que sólo se interesó por las víctimas provocadas por «el llamado alzamiento nacional» y por el franquismo. Después de la polvareda levantada por su primera iniciativa (justificada como recopilación de la información necesaria para decidir si es competente en este asunto), la nueva providencia amenaza con generar otro seísmo.

«Toque» a la Iglesia

También Garzón, al recapitular sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, pide a las entidades que están colaborando en la investigación que criben sus listas y no aporten nombres duplicados y da un toque de atención a las instituciones que no han respondido a sus anteriores requerimientos. A la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, perteneciente a la Conferencia Episcopal le reclama que, dado que ha respondido a su anterior escrito con el argumento de que no tiene competencia para contestar, curse «nuevo oficio» al organismo que corresponda de la Conferencia Episcopal para dar cumplimiento a la obtención de los datos solicitados. Insiste el juez en que su requerimiento ha de llegar, a través de las «diferentes diócesis españolas», a «cada una de las parroquias», que en todo el territorio nacional son casi 23.000.

Igualmente, al abad del Valle de los Caídos le insta «en plazo razonable, pero urgente» a que «evacúe contestación y proceda a cumplir lo solicitado».