La Generalitat admite ahora que no detectó el 'bullying' con las gemelas de Sallent

Si en los primeros días tanto el alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, como portavoces del departamento de Educación apuntaron con rotundidad que no les constaba que las adolescentes sufrieran 'bullying', ayer fue el propio consejero Josep Gonzàlez-Cambray el que reconoció que el instituto en el que las jóvenes cursaban primero de ESO «no detectó ninguna situación específica de acoso» escolar. La propia familia y compañeros de las dos niñas sí apuntaron a ABC en esa dirección.

En este sentido, y preguntado por si desde el equipo de orientación y psicológico del centro no se detectó ninguna situación de acoso, Cambray señaló que el acompañamiento que se hacía a las gemelas es el mismo que se hace con otros jóvenes, y que, según les explicó el equipo psicológico, los hechos «pueden venir por causas multifactoriales», apuntó en declaraciones recogidas por Ep. «Cuando hay un suicido es un fracaso de toda la sociedad, y en este caso desagraciadamente son jóvenes», añadió Cambray.

Tampoco se conoce sí se activó el Protocolo para la atención y acompañamiento del alumnado transgénero en centros educativos de que dispone la Generalitat. Educación sí evaluó tras la pandemia la salud mental de todos los alumnos de la etapa final de ESO, de Bachillerato y de Formación Profesional mediante una encuesta anónima y voluntaria que hizo llegar a todas las escuelas e institutos de Cataluña entre el 2 y el 27 de mayo de 2022. El Instituto Llobregat de Sallent fue uno de ellos, pero se desconoce también si las gemelas participaron en el estudio

Por su parte, el Síndic de Greuges, o lo que es lo mismo, el defensor del pueblo catalán, ha abierto una actuación de oficio para investigar el caso de Alana y Leila. La institución prevé dirigirse de momento al departamento de Educación y al Ayuntamiento de Sallent para pedir información sobre su historia. Desde el Síndic esperan indagar, entre otros aspectos, sobre la ayuda psicológica que recibían desde el instituto para saber si se «tenía conocimiento de alguna situación de posible acoso o si se había detectado malestar emocional», apunta la institución en un comunicado.

Por todo ello, saber qué actuaciones se habían activados puede ser de gran utilidad para saber si los protocolos funcionaron correctamente. Además, el Síndic prevé consultar a los servicios sociales municipales si conocían a la familia afectada y si se la estaba siguiendo, como así se reconoció que sucedía. «Es muy preocupante la situación de la salud mental de los niños y adolescentes, ya que los datos muestran un incremento del malestar emocional, especialmente desde la pandemia», lamentan desde el Síndic, que constataba en su comunicado que, a pesar de las intervenciones desde el departamento de Salud entre los jóvenes para alertar de adicciones o problemas de salud mental, «la red pública de salud mental infantil y juvenil sigue presentando problemas importantes de cobertura».

Todo ello, mientras la investigación policial, que se prevé larga, sigue abierta. El hecho de que el caso se vea con un escenario multifactorial en que se mezclan condicionantes sociales y familiares complica más el caso, aunque se da por hecho que las cartas de las jóvenes, en las que explicaban sus motivos, o el contenido de sus móviles, pueden ser determinantes.