El impacto ambiental en Granadilla muestra el doble discurso sobre el petróleo en Canarias

Las primeras andanadas se lanzaron contra el momento y la oportunidad de su exposición pública , es decir, en pleno mes de agosto, mes inhábil a efectos oficiales y, con ello, se entorpecía la presentación de alegaciones , a juicio de las instituciones insulares de ambas islas y del Gobierno canario.

Hasta el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos , pidió que el mes de agosto no fuera computado como plazo de exposición pública , ante «la complejidad y el volumen de documentación y las fechas» en que se dio a conocer. Abogó, además, porque el periodo de exposición pública se hiciese efectivo «a partir de septiembre» .

De hecho, el Ejecutivo regional solicitó la ampliación del plazo, aunque se extienda prácticamente hasta finales de septiembre, y que se pudiese consultar en más espacios, cuando la Delegación del Gobierno ya había indicado que se podía acceder al documento tanto en el área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, como en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y en las cinco Direcciones Insulares de la Administración General del Estado.

Pues bien, la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias sacó a información pública el 21 de junio, justamente cuando comenzaba el verano, la solicitud de autorización administrativa y declaración de impacto ambiental , formulada por la empresa Petróleos de Canarias SA, para instalar una planta de almacenamiento de combustibles en el Puerto de Granadilla , en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

Desde el día siguiente de la fecha del anuncio, los interesados en el expediente podían examinar el proyecto en la mencionada Dirección General de Santa Cruz de Tenerife y formular «las reclamaciones, por duplicado» , en el plazo de treinta días , reza el anuncio estival hecho público un viernes.

Al margen de que solo se pudo consultar en una sede de la Consejería, treinta días implica que el plazo para formular dichas «reclamaciones» se daba por finalizado el 21 de julio, en caso de ser naturales y, en cambio, contando en días hábiles, el resultado es que los reclamantes han tenido hasta este 2 de agosto para efectuar sus aportaciones , mes que, como se recordará, es reclamado como inhábil para los sondeos .