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María Corina Machado alerta de posibilidad de su «detención injustificada»

«Mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas», alertó en el texto que publicó en sus redes sociales

El chavismo aprueba una ley para perseguir a quien sea considerado un «fascista»

El dilema de María Corina Machado

María Corina Machado en una imagen de archivo EFE/ Miguel Gutiérrez

AFP

La líder venezolana María Corina Machado, principal rival del presidente Nicolás Maduro pero inhabilitada políticamente, alertó el miércoles que corre el riesgo de ser detenida de manera «injustificada» en momentos en que el Parlamento discute una ley «contra el fascismo» que apunta a la oposición.

Machado envió una carta a los 18 países más la Unión Europea (UE) como bloque que participaron en una conferencia sobre Venezuela en Bogotá, el 25 de abril pasado, enfocada en el alivio de sanciones a cambio de condiciones electorales.

«Mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada», alertó en el texto que publicó en sus redes sociales.

Machado arrasó en las primarias de la oposición mayoritaria para ser la candidata a las presidenciales del 28 de julio, pero una prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años, que ella rechaza, le impidió inscribirse en el proceso.

Su remplazo, la académica Corina Yoris, tampoco pudo inscribirse, lo que generó críticas de gobiernos aliados como Brasil y Colombia.

«Se me sigue impidiendo salir del país e incluso tomar vuelos dentro de Venezuela, mientras que muchas de las personas que me brindan apoyo en mis actos de campaña son objeto de retaliación», denunció, destacando además el arresto de ocho colaboradores y la orden de captura sobre otros siete, seis de ellos refugiados en la embajada argentina.

Maduro ha tildado al partido de Machado de «movimiento terrorista», y en el Parlamento impulsó una ley para castigar «el fascismo», un término que acuña normalmente para referirse a opositores y que críticos consideran busca intimidar a la oposición.

El proyecto, aprobado en primera discusión, contempla prisión por hasta 12 años y multas de entre 50.000 y 100.000 dólares.

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