Jueces de «reemplazo»

EL Gobierno socialista dio ayer un nuevo paso en las reformas judiciales con la aprobación de la nueva justicia de proximidad y la creación de los consejos autonómicos de Justicia. Este proyecto se suma al aprobado la semana pasada, que modifica sustancialmente la función casacional del Tribunal Supremo. El Gobierno, por tanto, ya ha puesto sobre la mesa algunas de las principales piezas de su modelo judicial, y la primera valoración que merece no es favorable. Teniendo en cuenta que se trata de proyectos de ley iniciales y que los socios del Gobierno son los que son, cabe dudar de que realmente estemos ante una reforma de máximos, y no de mínimos, cuya finalidad sea dar cobertura a dos de los objetivos políticos fundamentales del Ejecutivo: la federalización del Estado y la sumisión del Poder Judicial. El encadenamiento de las reformas anunciadas por el Gobierno bien puede desembocar en tres graves consecuencias: la segregación del Poder Judicial, mediante la merma de competencias al Consejo General; la desprofesionalización de la Justicia, al crear una nueva categoría judicial -los jueces de proximidad- integrada por jueces de «reemplazo», y la desactivación del Tribunal Supremo, hasta convertirlo en un órgano extraño a las demandas de justicia de los ciudadanos.

El problema ya no es que tales reformas sean o no constitucionales. El problema es que no resuelven ninguna necesidad actual, agravan las que ya hay y crean conflictos nuevos. La justicia de proximidad es una broma de mal gusto para una sociedad que quiere la máxima profesionalización en los funcionarios responsables de atender sus demandas, sean éstas cuales sean. No es suficiente que los ayuntamientos hayan quedado fuera de su designación, porque lo grave radica en el concepto vulgar de justicia que entraña esta nueva figura judicial. Por otro lado, es una falta de consideración al ciudadano, a quien se le dice que los asuntos poco importantes serán resueltos por jueces reclutados entre licenciados en Derecho -probablemente, sin otra opción profesional-, como si para cada ciudadano su asunto no fuera el más importante. En todo caso, la reforma agrava lo previsto en el anteproyecto, porque el juez de proximidad se va a integrar directamente en la carrera judicial, ocupando el primer escalón, desde el cual podrá ascender a la categoría de juez. Es decir, se trata de un sistema aún más pernicioso que el cuarto turno suprimido en la reforma de 2003.

En cuanto a los consejos autonómicos, la reforma se apoya en el falaz argumento de que su creación contribuye a la descentralización de la Justicia. Si hay algún poder del Estado que, por naturaleza, está descentralizado, es el judicial, cuya presencia se mide no por provincias, sino por partidos judiciales, y alcanza tanto a la función jurisdiccional como al gobierno interno, repartido entre salas de gobierno, presidencias, decanatos... Es una manipulación presentar al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial como iconos de un poder centrípeto y absorbente, pero a partir de esta propaganda falsa se está justificando políticamente una mutación partidista del modelo judicial. Si las autonomías tienen competencias en materia de personal y medios materiales, no hace falta crear consejo autonómico alguno. Pero lo que se prevé por el gobierno trasciende esas competencias, porque estos nuevos órganos tendrán un acentuado carácter político del que ahora carecen, por ejemplo, las salas de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia, integradas sólo por jueces. Una parte de los consejos estará integrada por juristas de reconocido prestigio designados por las asambleas autonómicas. Así planteados, los consejos autonómicos serán hervideros de discordia con el Consejo General del Poder Judicial, sobre todo en aquellas autonomías donde el nacionalismo y el socialismo filonacionalista sean mayoría, como en Cataluña. Lo que estratégicamente propone el Gobierno es la creación de centros territoriales de poder político en la Justicia para competir, desde el seno del Poder Judicial, con el Consejo General, cuya legitimidad y representatividad corren un serio riesgo si esta reforma sale adelante.

Es una lástima que el Gobierno no haya puesto tanto empeño en cumplir su primera promesa electoral, que garantizaba a todo ciudadano una sentencia firme en un plazo no superior a dos años. En su lugar, el PSOE ha vuelto a donde solía con la Justicia, con la que le resulta imposible una convivencia basada en el respeto y la independencia recíproca.