La Comisión del 11-M concluye que el Gobierno de Aznar «manipuló» la información con fines electorales
El dictamen aprobado hoy en la comisión de investigación del 11 de marzo, con el respaldo de seis grupos parlamentarios, concluye que el Gobierno de José María Aznar "manipuló" y "tergiversó" la información después de la masacre por interés electoral. Los grupos de PSOE, Izquierda Verde, CiU, ERC, PNV y Mixto entienden que esta gestión "egoísta, centrada en la apropiación de la política antiterrorista, la manipulación informativa y el monopolio de los medios de comunicación" es "impropia de un Gobierno en democracia".
Los socialistas e IU-ICV han estado perfilando el documento en las dos últimas semanas, unas negociaciones a las que después se han sumado CiU, ERC y PNV, incorporando sus propias aportaciones al texto conjunto. El apoyo del PP a algunos aspectos sólo se consiguió en el capítulo de recomendaciones, por lo que el dictamen aprobado ha puesto de nuevo sobre la mesa los dos bloques (socialistas y minoritarios por un lado, y 'populares' por otro) con los que ha venido funcionando la comisión a lo largo de este último año de investigación.
Aumento del riesgo de Irak Tras un recuerdo a las 192 víctimas de la masacre y a los miles de heridos, el documento arranca con un análisis del terrorismo internacional y la respuesta del Estado, destacando la "infravaloración de la amenaza" tras las pruebas de la amenaza del terrorismo islamista, el "aviso" de Casablanca y el "aumento del riesgo" con la guerra de Irak.
"Sin duda, lo que más ha sorprendido a la comisión es que los máximos responsables políticos en la lucha contra el terrorismo eran conscientes por una parte de la amenaza y por otra de las medidas que se debían utilizar, y sin embargo no actuaron en consecuencia", señala el documento.
En este capítulo también se hace una mención especial al "descontrol de explosivos y la falta de coordinación policial", incidiendo asimismo en la "insuficiencia de medios para una respuesta eficaz" ante el nuevo terrorismo internacional. En todo caso, el texto indica que "los terroristas fueron los únicos responsables de sus actos criminales, y contra ellos debe actuar la ley".
En la segunda parte de las conclusiones, relativa a la gestión de la crisis por el Gobierno de Aznar y la manipulación de la información, los grupos que han suscrito el documento señalan que los criminales son los terroristas y que no tienen ninguna relación con ETA. De hecho, dice que todos los datos que ha recibido la comisión hacen pensar "en buena lógica que no debe existir la más mínima duda respecto a que los autores de los atentados del 11-M eran radicales islamistas seguidores ideológicos de la Yihad".
Además, hace mención a la respuesta del día 13 de marzo que, a su juicio, demuestra que los ciudadanos pueden construir a través de las nuevas tecnologías "redes de comunicación y de información eficaces" que "escapan al control directo o indirecto de las organizaciones políticas, sociales e incluso de los medios de comunicación".
A continuación denuncia que con el mayor atentado terrorista de España no se convocara inmediatamente la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Crisis, pero añade que, pese a ello, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia y atención a las víctimas hicieron su trabajo "de forma profesional y con absoluta entrega".
El PP actuó por intereses de Partido También critica que el Gobierno del PP no contase con las fuerzas políticas para trasladar un mensaje de unidad frente al terror. "Puede afirmarse que la conducta del Gobierno estuvo motivada por sus exclusivos y excluyentes intereses de partido".
Tras hacer un repaso pormenorizado de los hechos, censura que el ex ministro del Interior Angel Acebes siguiera afirmando que la primera línea de investigación era ETA cuando esta línea "pierde peso desde el primer día quedando en mera conjetura". A su juicio, se produce una "manipulación de los datos" y "calla en sus ruedas de prensa aquellos otros indicios y datos de la investigación que claramente no apuntan a ETA".
El documento añade que esta "actuación impropia" de Acebes es consecuencia directa del "interés del Gobierno de que ETA esté tras la masacre de Madrid", lo que le lleva a "presionar" al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el entonces presidente del Gobierno "llamara personalmente en dos ocasiones a los directores de los principales diarios nacionales" o que la ex ministra de Exteriores Ana Palacio enviada telegramas a embajadores y cónsules responsabilizando a ETA. Según añade, el PP preconfiguró una "interesada hipótesis de autoría" sobre ETA porque le "interesa" ante la proximidad de las elecciones del 14 de marzo. "En conclusión, la comisión estima que el Gobierno manipuló y tergiversó los datos que iba recibiendo de la Policía y adaptó a sus intereses sobre autoría aquellos otros inconexos procedentes de las investigaciones de otros atentados, con toda probabilidad para tratar de influenciar así a la opinión pública respecto de la posible autoría de los atentados", dice.
Según señala, el PP trató de impedir que los atentados "pudieran perjudicar" sus intereses electorales, algo que "podría ocurrir si una buena parte de la ciudadanía asociaba la masacre de Madrid con la guerra de irak, en la que estuvo implicada España".
Votos particulares "En cualquier caso fue claramente una actitud informativa impropia de un Gobierno en democracia", subraya, para añadir que el Ejecutivo de Aznar no asumió la respuesta a la masacre como una cuestión de Estado sino como "un asunto de partido, con una gestión egoísta, centrada en la apropiación de la política antiterrorista, la manipulación informativa y el monopolio de los medios de comunicación".
Al aprobarse este dictamen, todas las demás conclusiones presentadas por cada uno de los grupos han quedado rechazadas, aunque a partir de ahora y hasta el próximo viernes por la tarde, se podrán presentar votos particulares sobre aspectos concretos para la sesión plenaria del día 30 de junio.
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