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Pendientes de la «Declaración 30»

Una provisión que no tiene carácter vinculante -seguir adelante con cuatro quintas partes de los países que ratifiquen- podría ser la única tabla de salvación del Tratado europeo

Según los expertos, en las actuales circunstancias lo único que se puede aplicar es la llamada «Declaración 30» aprobada por los jefes de Gobierno de los 25, que establece -fuera del texto de la Constitución- que «si pasados dos años a partir de la firma» el texto ha sido ratificado por «cuatro quintas partes» de los países, es decir, veinte, el Consejo se detendrá a estudiar la situación «si uno o varios países han tenido dificultades para la ratificación».

La «Declaración 30» es en realidad un pronunciamiento político que según los portavoces de la Comisión «no tiene carácter jurídico vinculante» pero es la única provisión a la que se pueden asir los países en este momento. Todos los expertos consultados coinciden en señalar que cuando se realizó la redacción de este pequeño capítulo no se estaba pensando en ningún caso en una situación como la que se produce en estos momentos, sino que más bien se creyó que se aplicaría a casos como el británico o el danés. Se pensaba que ambos acudirían al referéndum muy a última hora, cuando todos los demás países ya hubieran concluido el proceso.

Por ello, en estos momentos se produce una contradicción con un aspecto que sí es vinculante jurídicamente y que es el hecho de que el tratado no puede entrar en vigor en ningún caso si no ha sido ratificado por todos y cada uno de los países miembros, lo cual ya no es posible, a no ser que franceses y holandeses aceptasen votar de nuevo.

La única solución en estos momentos sería considerar pura y llanamente que Francia y Holanda, y todos los países que también rechacen el Tratado, tendrían que quedar fuera de la Unión Europea, lo cual tampoco parece posible en estos momentos.

De modo que, puestas así las cosas, lo único que parece posible en las actuales circunstancias sería ampliar el periodo de dos años destinado a la ratificación, concediendo un plazo suficiente para reconducir la crisis y más tiempo para que la situación política en Francia y Holanda permita encontrar una oportunidad para revisar la decisión que han tomado los electores esta semana. Algunos hablan incluso de más de cinco años.

Aún podría ser peor

La otra versión sería abandonar el proyecto antes de que su credibilidad quede comprometida por otras consultas negativas. Hay al menos tres más que se pueden dar por dudosas como la de Gran Bretaña, Irlanda o Dinamarca, con lo que cualquier tropiezo más caería dentro de las previsiones de la «Declaración 30», y como reconoció ayer el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, sería el fin de la Constitución. En ese caso se podrían salvar algunas de las partes del Tratado para ser aplicadas separadamente y como acuerdos intergubernamentales. Pero personalidades tan relevantes en la redacción del proyecto, como Iñigo Méndez de Vigo, no quieren ni oír hablar de esta posibilidad.

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