Cómo trasvasar los problemas
EL Consejo de Ministros decidió ayer autorizar el trasvase de 82 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura -39 para abastecimiento y 43 para regadío-. Tras unas vísperas cuajadas de presiones, informes y contrainformes por parte de las autoridades autonómicas de Castilla-La Mancha, como cuenca cedente, y de Murcia y Comunidad Valenciana, como regiones receptoras, la decisión adquiría máxima trascendencia en las circunstancias actuales de sequía y habida cuenta del estado de los embalses de cabecera, en algunos casos calamitoso. Y una vez conocida, a todos ha decepcionado, pues se aleja de los 120 hectómetros que las comunidades levantinas reclamaban y de los, a lo sumo, 35 que Castilla-La Mancha se mostraba dispuesta a ceder. Por un lado y por otro, autoridades y regantes tachan de catastrófico el veredicto del Ejecutivo socialista: para unos es «inaceptable» e «insuficiente» y para los otros, «desmedido» y «excesivo». Sólo coinciden valencianos y murcianos con castellano-manchegos en que la decisión del Gobierno es «irresponsable».
Durante los últimos días, ABC ha viajado por la España seca, poniendo de relieve la dramática situación que se vive en diversas regiones. La respuesta del Gobierno ante una sequía severa como la actual debe estar basada en los principios de solidaridad (establecidos al máximo nivel en el artículo 2º de la Constitución) y de eficacia social y económica. Porque resulta inaceptable atender a los problemas de unas o de otras comunidades autónomas en función del color político de las mayorías respectivas. Hemos perdido demasiado tiempo en el planteamiento de una política hidráulica inteligente; por eso, la administración de los recursos disponibles debe hacerse desde criterios de responsabilidad y sentido común. Los datos técnicos e incluso las fotografías de embalses y cultivos han sido objeto de interpretaciones subjetivas. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo, lo que refleja las tensiones que genera el reparto del agua.
Y en estas circunstancias de desencuentro y disputas casi cainitas -ya no entre la España húmeda y la seca, sino dentro de esta última- es donde se aprecian los devastadores efectos secundarios que ha tenido, incluso sociológicamente hablando, la derogación precipitada, gratuita y fuera de todo sentido del trasvase del Ebro. El PSOE quebró el principio de solidaridad interregional, tan fértil para la vertebración nacional y para el progreso conjunto y simultáneo de las regiones, sin ofrecer antes una solución viable al problema del agua que afecta a buena parte de España. La quimérica e inexplicada alternativa de las desaladoras anunciadas por la ministra Narbona -que aún presenta deficiencias técnicas para alcanzar su máximo rendimiento y dudas aún más serias respecto al impacto ecológico- no supone una respuesta decidida para afrontar el futuro con garantías. Al menos, no en la medida que suponía el trasvase del Ebro, que aun en años de sequía tan severa como el actual podría haber cedido más de 1.700 hectómetros cúbicos a Levante, amén de verter al mar otros 5.500 en Tortosa.
Cierto es que este año hubiera sido imposible porque la obra estaría en ejecución. Pero si, como vaticinaba ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega, España ha entrado en un ciclo prolongado de sequía, el trasvase del Ebro pondría fin a las disputas, las decepciones y los peligros que las comunidades observan para su desarrollo y su bienestar. Los árboles se mueren de sed en Alicante, Valencia y Murcia; y también se reparte agua embotellada o en cisternas en algunas localidades de Castilla-La Mancha. Mientras la España seca se desespera, pues, por un chorrillo de agua, una vigorosa corriente se pierde en el mar.
Habrá que proclamar una y mil veces que el agua en España es un bien escaso, que debe repartirse de forma equitativa y que -sin olvidar la prioridad debida al abastecimiento de la población- existen también unas necesidades mínimas de riego, del que depende la estabilidad social y económica de los sectores afectados. Hasta ahora, el Ejecutivo de Zapatero se ha distinguido por su escasa destreza a la hora de encauzar objetivamente los intereses divergentes entre comunidades. De aquel error de la derogación, gratuito y electorero, vienen ahora estos lodos del desencuentro. Para muestra baste citar que los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía (comunidades de mayoría socialista) vieron con buenos ojos el Plan Hidrológico hasta que su partido decidió convertirlo en piedra angular de su oposición al Gobierno del PP. El pacto con ERC hizo el resto.
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