La Generalitat puede convertir el catalán en un requisito para obtener la residencia

Según el texto, la Generalitat se convertirá en «ventanilla única» para autorizar, renovar y extinguir los permisos de residencia o estancia temporal y será esta administración la encargada de velar por los derechos y los deberes lingüísticos. A esta coletilla se agarran los de Carles Puigdemont para asegurar que el catalán será requisito y no mérito, como ahora, a la hora de gestionar la solicitud, pues hay cierta discrecionalidad a la hora de aceptar o denegar las solicitudes.

Nogueras señaló que conocer la lengua catalana será preceptivo y lo justificó por la «emergencia lingüística» que, en su opinión, vive el catalán, a pesar de que los datos de uso y, sobre todo, conocimiento de esta lengua demuestran lo contrario. «¿Se va a pedir que la lengua sea un requisito? Claro que sí, claro que se va a pedir», zanjó.

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Sin embargo, la ministra de Inclusión, Seguridad, Social y Migraciones, Elma Saiz, desmintió esta posibilidad. «La lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona del país o para prohibir la entrada», aseguró en una entrevista.

E insistió en que la delegación de competencias se hará en el marco de la legislación nacional y el reglamento de extranjería, que no incluye acreditar el conocimiento lingüístico para conseguir la residencia. En términos similares se manifestó desde Barcelona el ministro Félix Bolaños, titular de la cartera de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Pero la jugada que plantea el independentismo, que aspira a contar con el PSC como aliado, para superar esta traba legal -que el catalán no puede ser requisito lingüístico-, contemplada ya en sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 cuando adecuó a la legalidad el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se centrará, por un lado, en legislar desde el Parlament y, en paralelo, dar las instrucciones necesarias para que las oficinas de extranjería catalanas contemplen el requisito lingüístico como imprescindible.

Una vez que Cataluña tenga las competencias, el Parlament podrá legislar para desarrollar la delegación otorgada. Junts valora, con la ayuda de ERC, la CUP y Aliança, y espera sumar al PSC y los Comuns, proponer introducir en la nueva norma autonómica la referencia lingüística. Una vez aprobada esta ley solo el Gobierno podrá paralizar -temporalmente- su aplicación y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tan solo apelar al Constitucional, pero no impedir su aplicación. Y, en cualquier caso, el Constitucional tardará, previsiblemente, años en resolver las impugnaciones.

En paralelo, desde el Govern se tendrán que aprobar instrucciones y órdenes. Normas de desarrollo legislativo que no pasan por el Parlament y son imprescindibles para los funcionarios. En Junts tienen claro que esta vía es la más rápida -no necesitará, en principio, de una ley catalana- para que el requisito del catalán sea tenido en cuenta para los funcionarios. La praxis sería similar a la de la inmersión lingüística en las escuelas, un modelo ilegal pero que se aplica.

El 90% de los permisos de residencia se tramitan a través de la figura del arraigo, vía por la que el solicitante presenta en algunos casos un informe de inserción social que, en Cataluña, exige el curso básico de catalán, pero no es vinculante. Cuando la Generalitat apruebe o deniegue estos expedientes, la obligatoriedad de acreditar la lengua «es viable, posible también, pero no es legal», explica Francisco Solans, abogado extranjerista.

En el mundo de la extranjería hay una máxima, asegura el jurista consultado por ABC, «si no estás de acuerdo, recurre, vete a un contencioso, te van dar la razón, pero te va a costar años». Solans recuerda la sentencia del TC, «pero en extranjería esto no cambia gran cosa. Imposible no es». Y, de llevarse a cabo, las derivadas podrían ser «muy feas». «Si te deniegan la residencia en Cataluña por no hablar en catalán pero te la conceden en Teruel, puedes volver a Cataluña. En extranjería vivimos instalados en lo absurdo, en poner dificultades para que la gente se canse».

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) apuntan que de la lectura de la iniciativa de Junts y el PSOE no se desprende que ese requisito se vaya a exigir, pero, en caso de que se acabe contemplando, sería contrario al marco legal de la ley de Extranjería y un claro retroceso.