Martos y Mancha Real, los dos precedentes jiennenses del éxodo gitano de Peal de Becerro

Los incidentes (destrozo de viviendas, vuelco de vehículos, pintadas…) contra familias de etnia gitana en el municipio jiennense de Peal de Becerro como respuesta al crimen de un joven payo cometido el pasado 18 de julio tienen dos precedentes en la provincia: en 1986 payos incendiaron viviendas de vecinos calés en Martos y en 1991, tras otro homicidio, la comunidad gitana tuvo que escapar de Mancha Real.

«No queremos altercados que nos recuerden a los que ya sufrieron las familias gitanas en Martos, en 1986», advirtió ayer la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, refiriéndose a los hechos ocurridos en esta localidad, hace 36 años cuando cerca de 200 vecinos rociaron con gasolina e incendiaron una treintena de viviendas habitadas por personas de esta etnia.

La agresión de un gitano a un payo fue el detonante de la quema de las casas marteñas, cuyos moradores, al igual que al igual que ahora han hecho los de Peal de Becerro, abandonaron la ciudad para recalar en Cataluña, Levante y diversas provincias de Andalucía. Por el suceso fueron juzgados únicamente dos vecinos, arropados por gran parte de la población.

Los altercados de Mancha Real, que se produjeron un lustro después, sentaron a más personas en el banquillo. Una de ellas fue el alcalde que en 1991 regía el pueblo, al que el Tribunal Supremo condenó a casi 6 años de cárcel por un delito de daños y otro de manifestación ilegal. La justicia también impuso prisión a otras cinco personas por destrozar viviendas de gitanos.

Como en el caso de Peal de Becerro, un homicidio fue el detonante de los graves incidentes. Más coincidencias: el arma del crimen fue también una navaja. El joven asestó cinco puñaladas al propietario payo de un bar. Como respuesta tuvo lugar una concentración de protesta multitudinaria ante el Ayuntamiento, donde el alcalde criticó a la comunidad gitana y convocó manifestaciones.

En una de ellas, que no contaba con la aprobación del Gobierno Civil, se produjeron los disturbios más graves. Tuvieron lugar tras el entierro de la víctima, cuando más de 6.000 personas que asistieron al sepelio se dirigieron hacia una calle en la que residían familias gitanas. Los incidentes se produjeron una semana antes de las elecciones municipales, en las que el alcalde obtuvo mayoría absoluta.