Una empresa de los ERE pacta con la Fiscalía devolver una ayuda de 862.000 euros para evitar la cárcel
Gálvez Peluqueros SL acuerda con Anticorrupción y las acusaciones un año de pena y reintegrar toda la subvención
Primer empresario que pacta su condena en el caso ERE y devolverá la ayuda para evitar el juicio

Empresarios beneficiarios de ayudas irregulares del fondo de los ERE se han aplicado el dicho popular «más vale un mal acuerdo que un buen pleito». Los socios de Antonio Peluqueros Gálvez S.L., entidad radicada en Jerez de la Frontera (Cádiz), han preferido ... llegar a una solución pactada con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones, aunque no sea plenamente satisfactoria, en lugar de pasar por el mal trago de un juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla que podía llevarlos a la prisión.
Las defensas y acusaciones de la Junta y el PP andaluz han alcanzado un acuerdo que ahora tendrá que avalar el tribunal de la Sección Tercera. Éste contempla una contrapartida económica: tendrán que devolver en su integridad la ayuda de 862.500 euros recibida con cargo al programa irregular de los ERE. Hace pocos días reintegraron la primera parte, según confirmaron fuentes jurídicas consultadas por ABC. Los dueños de este centro de belleza, dedicado también a la formación en peluquería de caballero y señora, han aceptado una pena de inhabilitación absoluta durante tres años y un año de prisión.
Los socios de la empresa, acusados de prevaricación y malversación, evitan también el juicio, que debería haber comenzado este mes
Son los segundos empresarios que pactan su condena a cambio de devolver la ayuda. Y habrá muchos más. Hay unas 140 piezas separadas del caso ERE pendientes de juicio y centradas en las 270 empresas que recibieron ayudas mediante el sistema arbitrario de reparto de fondos públicos por el que han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la rama política del caso. El primer acuerdo lo firmó el dueño de la bollería Picos Yeyé y Cohollero, quien aceptó reintegrar 120.000 euros a la Administración autonómica, que ejerce la acusación particular. Las partes esperan más condenas pactadas que permitirán descongestionar la Audiencia de Sevilla, que sufre un atasco por las macrocausas de corrupción que deben juzgarse.
La historia se repite ahora con otros protagonistas y una multa mucho más cuantiosa. Se trata de los empresarios Antonio G.B. y Antonio S.M., que había sido secretario general de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz. Acusados de supuestos delitos de prevaricación y malversación, iban a sentarse en el banquillo en un juicio cuyo comienzo se había previsto para el pasado 16 de marzo.
Como la pena es inferior a dos años y carecen de antecedentes penales, el tribunal puede suspender la ejecución y librarlos de entrar en la prisión.
Ayuda para pagar nóminas atrasadas
Los hechos se remontan al 15 de septiembre de 2009. Juan Márquez, por entonces director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, firmó una memoria justificativa de la finalidad pública e interés social y económico para dar una ayuda sociolaboral a Antonio Gálvez Peluqueros SL que destinó a abonar las nóminas de cuatro meses. Márquez fue excluido de la causa porque ya fue juzgado en la llamada pieza política.
Tras presentar la sociedad en octubre del mismo año una subvención excepcional por importe de 2.160.000 euros, el 15 enero de 2010 Márquez resolvió concederle una ayuda de 1.150.000 euros a 207 trabajadores para gastos de personal y mantenimiento de la viabilidad de la actividad económica. Se pactó un primer pago, correspondiente al 75 por ciento de la ayuda concedida, 862.500 euros, y otro del 25 por ciento restante tras la justificación del pago anterior, que nunca llegó a efectuarse.
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