La número dos del PSOE de Cádiz, señalada por convenios con Ojeda

La investigación de la Policía Nacional sobre el fraude con las subvenciones para cursos de formación empieza a extender su radio de acción más allá de los responsables de las empresas de formación implicadas (principalmente el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda). Porque, una vez señaladas las sociedades y fundaciones que defraudaron el dinero público, el escalón siguiente es evidente. ¿Qué responsables públicos y qué administraciones concedieron cantidades millonarias al socialista en su etapa empresarial? ¿Por qué? En este sentido, desde la oposición se viene señalando a la Junta de Andalucía por los 48,5 millones que otorgó a las empresas de Ojeda sin procedimientos reglados, según los investigadores. Ahora, además, el PP pone el punto de mira en la «número dos» del PSOE de Cádiz, la secretaria general en esa provincia Irene García, por los convenios «fantasma» a los que llegó con Ojeda durante la etapa de aquella como alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda —donde reside y fue detenido el que fuera dirigente en la Junta—.

El diputado popular Rafael Ruiz Canto aludía ayer a tres convenios publicitados entre ese ayuntamiento y Ojeda ante los que la secretaria de los socialistas gaditanos «tendrá que dar explicaciones» para «demostrar que no ha sido cómplice del fraude de los cursos». El diputado popular se refirió a los convenios que el consistorio sanluqueño firmó con Forpe (Fundación de la Formación Profesional para el Empleo) y Prescal (Agrupación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía), entidades presididas por Ojeda, en 2010 y destinados a levantar un centro de formación profesional para el empleo en el municipio destinado a cualificar a los desempleados de la zona. A ellos se une un tercer convenio con la Agrupación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía, también presidida por el exconsejero andaluz, del que, según el popular, tampoco tienen el documento. «Parece ser que está extraviado, como todo en el PSOE; cuando no interesa dar explicaciones se extravía...».

Los populares exigen a García —ahora concejal en Sanlúcar y portavoz socialista en la Diputación gaditana— que explique si las actuaciones se llevaron o no a cabo y si existieron certificaciones para los cursos que Forpe impartió en la localidad o, como en el caso de las acciones formativas que recibieron los ex empleados de Delphi, finalmente se quedaron sin ellas.

El Juzgado de Instrucción 4 de Algeciras, que investiga la trama de empresas de Ojeda, ha reclamado al Ayuntamiento de Sanlúcar el acuerdo que firmó con el exconsejero, cuyo contenido sigue sin conocerse. La exalcaldesa, por su lado, no ha dado explicación alguna al respecto.