La Policía Nacional registra las instalaciones de la desaladora de Escombreras (Murcia)

Según ha podido conocer EP, la petición responde a la querella presentada hace meses y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, «lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público».

Las gestiones que se han realizado desde su inicio en 2006-2007 ha sido motivo para la reciente creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación , al objeto de que se analicen todas las operaciones que se han realizado con relación a esta planta y la razón de por qué se construyó y los perjuicios que ha acarreado esa decisión.

En virtud de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras han declarado ya los expresidentes regionale s Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, así como el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, la exministra Cristina Narbona, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes.

La consejera murciana de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, ha pedido, tras conocer la operación policial que se está desarrollando en la desaladora de Escombreras, «celeridad y agilidad» para esclarecer lo ocurrido.

Tras lo que ha recordado el trabajo del Gobierno regional, pues «desde el primer momento cuando se nos requirió información, se la mandamos a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea Regional para la Comisión de Investigación» de la desalinizadora de Escombreras.

En este caso, «si la Justicia nos solicita también esa información, se facilitará en el día de hoy toda la información que requieran» , ha manifestado la portavoz del Ejecutivo murciano, «siempre pidiendo la máxima celeridad y se aclare cuanto antes por el bien de todos y por lo que siempre queremos desde el Gobierno regional, y es defender los intereses de los murcianos».

Insistiendo en que en ese sentido, «cuanto más avance la justicia, cuánto más celeridad, y agilidad, mucho mejor para todos».