Bartomeu recurre la imputación por cohecho: «Una mera conjetura carente de prueba»

El recurso, del letrado José María Fuster Fabra, sostiene que «la manifiesta carencia probatoria parece haber llevado a la necesidad de modificar la calificación para mantener viva la causa». Y es, tal y como recuerda, los denunciantes no han podido aportar «prueba alguna», tampoco las investigaciones de la Guardia Civil, que sustenten la comisión de un supuesto delito de corrupción en el deporte. «El paso de los meses va haciendo cada vez más patente la realidad de que en la presente causa no hay ni puede haber objeto del proceso, pues la realidad de la relación contractual entre el F. C. Barcelona y las empresas de los Sres. Enríquez -Negreira y su hijo Javier- es lo único que subsiste desde el primer momento, pero carece de significación para el derecho penal», apunta el abogado.

Así, recuerda que pese a la «reiterada insistencia» de que el exvicepresidente del CTA designaba a los árbitros de los partidos de fútbol, o era quién decidía qué colegiado podía acceder a la condición de internacional, no solo estas ideas son inconsistentes de cara a una causa penal, sino que otros árbitros han manifestado públicamente que Negreira carecía de la influencia para llevar a cabo cualquiera de las citadas acciones.

«La evidencia de la inviabilidad de continuar por el camino de la corrupción de árbitros y de influir en resultados deportivos podría bastar para cerrar este proceso. No obstante, se ha optado por buscar una tipificación alternativa, el cohecho», reprocha la defensa de Bartomeu. Una decisión del instructor que, para el penalista, busca «la supervivencia de la causa». Para ello, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sostuvo en su auto que Negreira, como integrante del CTA que, a su vez, depende de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ejercía funciones de funcionario público. Afirmación que también rebate el abogado en su recurso, y que tilda de «error conceptual», al comparar colegios profesionales, que ejercen funciones públicas y privadas, con una entidad asociativa privada, como es la RFEF.

Además, descarta la viabilidad del cohecho en este caso, no solo porque Enríquez Negreira no tenía la «pretendida condición de funcionario», sino también porque el instructor no aporta prueba alguna de que éste habría sido corrompido para el supuesto arbitraje favorable al Barça. «El instructor es consciente de dicha ausencia de prueba e invoca la inferencia lógica de que solo así se explicaría el destino de las cantidades recibidas» por éste, por parte del club azulgrana. Es decir, se trata de una conjetura.

«Lo único probado», abunda el recurso, es que Negreira fue contratado por el F. C. Barcelona para asesorar y valorar partidos en los que el equipo participaba. La supuesta finalidad de influir en los arbitrajes que alega el auto del togado «se pierde en una nebulosa de opiniones libres y carentes de bases», apunta la defensa de Bartomeu. Por todo ello, solicita a la Audiencia de Barcelona que revoque el citado auto.