SOCIALISTAS y nacionalistas han levantando un inédito frente común contra la aplicación de la reforma educativa aprobada por el Gobierno, lo que representa un conato de insumisión intolerable, tanto desde el punto de vista jurídico como democrático, además de atentar directamente contra el interés general, ya que el nuevo modelo nace con el objetivo de corregir las numerosas y graves deficiencias que padece la educación desde hace largos años. Los consejeros de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco escenificaron ayer su rechazo de forma conjunta a la ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) horas antes de reunirse con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la primera conferencia sectorial tras su entrada en vigor. Por un lado, amenazaron con aplicar la norma a su antojo, reinterpretando su contenido en función de sus particulares marcos autonómicos, y, por otro, alegaron todo tipo de excusas y argucias técnicas para evitar su puesta en marcha el próximo curso.

Se trata, por tanto, de un movimiento que vulnera los principios más esenciales de la democracia y del Estado de Derecho. Las leyes hay que cumplirlas porque son un reflejo directo de la soberanía popular, cuya voluntad emana del Parlamento, elegido por todos los ciudadanos en las urnas, de modo que las soflamas de insubordinación lanzadas al unísono por socialistas y nacionalistas constituyen un gesto antidemocrático que no tiene cabida en el marco jurídico. Así pues, si quieren cambiar la norma tendrán, primero, que ganar las elecciones, pero, entretanto, las reglas que rigen en democracia exigen el cumplimiento estricto de la ley y el respeto absoluto al Estado de Derecho, al igual que hicieron las Comunidades del PP bajo el anterior Gobierno del PSOE con la ley vigente hasta ahora.