Piden que la Junta intervenga con los notarios

El Grupo Parlamentario Socialista presentará en las Cortes una iniciativa para instar al Gobierno regional a que gestione la devolución de los 20 millones de euros que los notarios y registradores «han cobrado de más y de forma indebida» a ciudadanos de la región por los trámites en la cancelación de sus hipotecas.

Así lo anunció la secretaria de Vivienda de la Ejecutiva Regional del PSOE, Irene Barahona, quien explicó que existe una resolución del Tribunal Supremo que obliga a esos colectivos a devolver a los clientes «todo lo cobrado de forma abusiva» al incurrir en una conducta irregular.

Los notarios, en lugar de 70 euros, cobraron 260 euros de más de media por sus gestiones en las cancelaciones hipotecarias, mientras que en el caso de los registradores cobraron de media 144 euros de más cuando el importe debía haber sido de 24 euros.

En el cómputo global, y tras haberse producido un cómputo de facturas a cargo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la responsable socialista cifró el importe total de lo cobrado de forma «abusiva» a los ciudadanos en casi 400 millones de euros en las hipotecas canceladas entre diciembre de 2007 y mayo de 2012.

En el caso de Castilla-La Mancha esos cobros «abusivos e irregulares» asciende a esos 20 millones de euros, mientras que en la provincia de Ciudad Real son 6 millones los que notarios y registradores recaudaron de forma «indebida».

Por ello, y a parte de esa exigencia a la Junta de Comunidades para que interceda a través de sus organismos de atención y consumo, Barahona recomendó a todas aquellas que cancelaron su hipoteca en el periodo mencionado que exijan la devolución de la cantidad que legalmente les corresponda en cada caso. En este sentido, y tras la resolución de la Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Irene Barahona manifestó que «los notarios y registradores ya no tienen ninguna excusa» para devolver de manera inmediata el dinero que cobraron de más a los ciudadanos, una postura argumentada por la OCU, quien a modo de ejemplo detectó que a lo largo de 2010 los notarios y registradores habían cobrado 93 millones de euros de forma indebida en las 372.000 hipotecas canceladas.