Vendex cobra en Lugo 300.000 euros anuales por mejoras de la ORA que no está cumpliendo

El contrato con Doal, filial del entramado societario en el punto de mira de la juez Pilar de Lara, y cuyo responsable, Javier Reguera, fue detenido y encarcelado en septiembre de 2012, lleva anulado desde mayo de 2011. En su auto, un juzgado de lo contencioso de Lugo apreciaba entonces una doble infracción en la resolución de la adjudicación provisional del concurso, al haber sido dictada «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y al no elaborar un informe «antes de conocer las condiciones económicas propuestas por los licitadores».

Daba así la razón a la anterior adjudicataria, Setex-Aparki S.A., que en un recurso ante el Ayuntamiento, que le fue rechazado y por eso presentó la demanda judicial, sostenía que el informe técnico en el que se basó la decisión municipal «se encargó a un técnico municipal en lugar a un comité de expertos», tal y como recoge la Ley de Contratos del Sector Público.

Hoy, tres años más tarde, el gobierno de Xosé López Orozco se resiste a abrir un concurso público para readjudicar el servicio en cumplimiento de la citada sentencia, posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en junio del 2012, y hace oídos sordos a las peticiones de la oposición de regularizar con urgencia la concesión.

Durante este tiempo Doal ha recaudado cerca de 2 millones de euros. Una situación con un culpable claro a ojos del PP: el alcalde socialista, quien con su voto de calidad impedía la suspensión temporal del servicio votada en un pleno en el que el BNG se abstuvo. Para ello se ampara el gobierno en que el expediente sigue en el juzgado, que tiene «dificultades para digitalizarlo». Además, apela a los informes de los servicios municipales que, según su versión, desaconsejaron la suspensión del servicio por «las repercusiones negativas que tendría sobre el estacionamiento y la propia circulación».

En otro orden, Doal incumple, ante la «pasividad y permisividad» del gobierno, según denunció este martes el concejal del PP Antonio Ameijide, parte de las mejoras que le valieron la adjudicación (suponían 30 puntos de los 140 totales de valoración en el pliego de condiciones del servicio). Cinco años después del inicio del contrato, nada se sabe del pago por móvil, con una valoración técnica en términos económicos de 26.000 euros; tampoco del multamóvil, a razón de 104.000 euros cada seis meses.

En el caso de la tarjeta ciudadana el sistema presenta fallos y no se saben cuántas unidades se le entregaron al concello de las 1.000 acordadas. Tampoco los controladores se están ocupando de otras funciones complementarias que la empresa ofreció como mejora y en las que «solo participa de forma esporádica», según el PP.

Así las cosas, de los 832.021,36 euros acordados por este concepto, cerca de 300.000 se corresponden con mejoras que, en el mejor de los casos, se han ejecutado de forma parcial y que la empresa sigue cobrando.