La carta

LA carta que Artur Mas envía a Mariano Rajoy quiere mostrar que existen «vías legales para llevar a cabo» la consulta sobre el llamado derecho a decidir de Cataluña. No las especifica, pero sí remite al Consejo Asesor para la Transición Nacional como argumento de autoridad. Ahí están las cinco «vías legales» del Consejo: la Ley de Consultas Populares del Parlament, el artículo 122 del Estatut sobre consultas populares, el artículo 92 de la Constitución sobre referéndums consultivos, el artículo 150.2 de la Constitución que podría transferir dicha competencia y, por último, la reforma de la Constitución.

El recorrido de las dos primeras vías es descriptible, porque el Estatut establece que las consultas que puede convocar la Generalitat son posibles «en el ámbito de sus competencias». Obvio: el reconocimiento de la soberanía de Cataluña que supone la consulta va más allá de la legalidad. Quedan las otras opciones. La vía del artículo 92 de la Constitución tiene sus limitaciones: el referéndum consultivo atañe a «todos los ciudadanos» y ha de ser «previamente autorizado por el Congreso de los Diputados».

Para que esta vía funcione, Artur Mas debe dirigir la propuesta al Congreso y que prospere. La vía del artículo 150.2 de la Constitución requiere una ley orgánica que transfiera o delegue aquellas materias que «por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». La soberanía nacional, ¿susceptible de transferencia y delegación? En cualquier caso, el Congreso aprueba, modifica o deroga leyes orgánicas. Finalmente, la reforma de Constitución necesita el beneplácito de las Cortes Generales y de los ciudadanos españoles en su totalidad.

La vía del Estatut no es adecuada, la Constitución tiene límites y condiciones, y Artur Mas no dirige la petición al Congreso porque no quiere ser el nuevo Ibarretxe que perece en el mar de la ilegalidad. Fracaso anunciado.

Quizá el fracasado buscado para seguir alimentando el victimismo y dar satisfacción -¡ay!- a ERC.