tribuna abierta
Cohesión social rota
La constante dejación de los gobiernos de España desde la transición hasta hoy para dar cohesión y entidad a la nación española y a su correspondiente estado, nos ha llevado a la situación actual de desconcierto, de abusos, de discriminaciones y de falta de seguridad jurídica y de autoridad por parte de los tres poderes del estado.
La división y la cesión constante de las competencias estatales a favor de la descentralización ambiciosa de las administraciones territoriales y locales nos ha traído a una realidad de nepotismo cercano, de caciquismo próximo y de indefensión, que algunos ya sospechábamos cuando se nos intentaba convencer de la bondad de las políticas de “proximidad”.
Esas políticas de descentralización incontrolada, de cesiones pactadas a cambio de reparto de poderes partidarios o de efímeros réditos electorales, donde el precio era forzar e incluso violar el pacto de la constitución, son las que han roto la cohesión social no solo en Cataluña y otras regiones con partidos nacionalistas o separatistas, sino también en toda España.
Esas políticas han permitido que parlamentos regionales y gobiernos declaradamente contrarios a la cohesión de la nación española (cuando no la niegan) hayan promulgado leyes y puesto en práctica políticas que suponían discriminación entre españoles y ruptura de la cohesión, tanto nacional como en sus propias comunidades.
En el caso de Cataluña, no es sorprendente por cuanto ha sido y es objetivo declarado del catalanismo político, la expulsión de la sociedad catalana de todo lo que ellos consideran y definen como “españolismo” y el primero y fundamental el de la lengua y la cultura en español; primero de la enseñanza y después del uso libre en la sociedad a través de la imposición obligatoria de la lengua “propia” y la consecuente consideración de la otra como “extraña”, y segundo, con la creación de dos entidades étnicas divididas en función de la lengua y el origen y la consiguiente amenaza de expulsión de la “extraña”, aunque ello haya supuesto la ruptura de la, según ellos, cacareada y deseable cohesión social. Ante el “miedo” creciente no resulta por tanto extraño que aumente en Barcelona la afiliación a reservistas voluntarios del ejército y la creación de “somatenes”, como ha puesto en evidencia este propio diario.
Lo que es lamentable de esta situación es la reiterada abstención, ausencia, cuando no colaboración consciente de los gobiernos nacionales, que son los que más obligados están constitucionalmente en garantizar la igualdad entre los españoles, la no discriminación y la garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, no solo de los regionalistas o minoritarios.
De este modo, los gobiernos españoles han pactado y permitido acuerdos internacionales como la “Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias”, que otorgan derechos de protección especial a estas lenguas pero siempre “sin menoscabo o detrimento de la lengua oficial del estado firmante” y “siempre con carácter voluntario y por decisión libre de los padres que pretendan la enseñanza en una lengua regional o minoritaria”. (Preámbulo y Parte III, articulo 8-Enseñanza de la Carta, firmada en Estrasburgo el 5 de Noviembre de 1992 y ratificada por la Jefatura del Estado y por el Gobierno de España a través del ministro señor Piqué el 1 de Agosto de 2001, BOE 222).
Está claro que el abuso consciente por parte del gobierno de la Generalidad y permitido por los gobiernos españoles es lo que ha conducido a la exclusión del español como lengua de la enseñanza en Cataluña y en parte de la sociedad catalana. Ese abuso en la interpretación y la incapacidad del Estado al carecer de competencias para intervenir, no solo han supuesto una violación de los derechos humanos en materia de cultura, educación y enseñanza de los hispano hablantes, sino que ha supuesto la toma de conciencia de esta parte discriminada de la sociedad civil para la defensa de sus derechos violados, ante los órganos judiciales españoles, como ha hecho la asociación Convivencia Cívica Catalana y ante los internacionales como han hecho diversas plataformas de otra regiones como Aragón, Valencia, Baleares, Galicia y en Cataluña el Movimiento Cívico 12-O, ante el Comité Unesco de Derechos Humanos.
Queda claro que las políticas lingüísticas de inmersión obligatoria y de persecución lingüística han fracasado en sus objetivos educativos y de cohesión social, pero que han triunfado en su aspecto nacionalista, y que al gobierno español toca reparar y así se lo exigimos.
Ángel Hernández Guardia es presidente 12-O Moviment Cívic
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