La Junta avala la compatibilidad de la ley local y la ordenación con un informe

Sobre la base de un «informe» asienta la Junta de Castilla y León su posición para incidir en su afirmación de que la Reforma Local del Gobierno central «es perfectamente compatible» con la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio aprobada en Castilla y León. Así lo subrayó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez. Y ése será el documento que llevará al grupo de trabajo sobre esta materia, integrado por Ejecutivo regional, PP y PSOE, que este miércoles acordaron «retomar» el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario regional de los socialistas, Julio Villarrubia, con el objetivo también de avanzar en la ordenación territorial.

«El estudio la Junta ya lo ha hecho», recalcó De Santiago-Juárez, aunque se sentarán a partir del lunes con el PSOE para corroborarlo, pues desde las filas socialistas se incide en que ambos textos «son incompatibles». «Ya tenemos nosotros informes técnicos donde se demuestra que son compatibles», recalcó. Se pusieron manos a la obra en la comparación, recordó, en cuanto se conoció el texto definitivamente aprobado por el Senado el pasado mes de diciembre, pues era algo que «urgía, que nos preocupaba», reconoció.

Ahora toca ponerlo en común con los grupos parlamentarios en las Cortes, especialmente con el PSOE, que insiste en que la ley autonómica choca con la estatal. Y la Junta no está dispuesta a que esta discusión se prolongue demasiado. «Eso no tiene que durar mucho tiempo», advirtió De Santiago-Juárez, quien aseguró que «tenemos prisa», ya que culminar ese informe y «decir sí es compatible» es «vital» para «seguir avanzando». «Hay muchas cosas por hacer en 2014 para desarrollar la Ley de Ordenación del Territorio», advirtió el portavoz de la Junta, y muchas de ellas requieren el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas de Castilla y León, ya que el texto aprobado el pasado mes de septiembre en las Cortes con el consenso de PP y PSOE impone la necesaria mayoría de dos tercios de la Cámara para aprobar ciertos punto de la norma, como, por ejemplo, el mapa de unidades básicas de ordenación de los servicios que presta la Junta en el territorio.

«Si se despeja la compatibilidad -añadió-, hay que marcar las prioridades para 2014 en cuanto a la Ley de Ordenación del Territorio», reiteró, pues la Ley fijaba también unos plazos para su desarrollo.

El lunes, el consejero de la Presidencia y el secretario de Organización del PSCL, Juilán Simón de la Torre, concertarán por teléfono del calendario de reuniones para «retomar e impulsar» ese grupo de trabajo en materia de ordenación territorial que tan «buenos resultados» ya dio en el pasado logrando alcanzar el acuerdo entre Junta y PP, por un lado, y PSOE, por el otro, en un asunto como la ordenación del territorio en el que hasta ahora habían mantenido posiciones muy distanciadas.

El grupo -con presencia de expertos: letrados de la Junta y de las Cortes- se reactiva tras el encuentro este miércoles entre Herrera y Villarrubia con esta materia como tema central de las más de dos horas de encuentro. Una reunión que para la Junta de Castilla y León también fue «positiva», además de «cordial y agradable». Según destacó ayer el portavoz del Gobierno autonómico, se constató un «ánimo constructivo por las dos partes» y «positivo» para «avanzar en cuestiones de Comunidad». En la reunión, Villarrubia confirmó a Herrera la decisión del PSOE de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Reforma Local del Estado, algo que, según De Santiago-Juárez, «no tiene nada que ver con la compatibilidad o no» de este texto con la ordenación del territorio de Castilla y León. «Eso quedó claro que se diferenciaba», señaló el consejero, quien incidió en que «es muy sencillo» corroborar que ambas normas son «compatibles» ya que la Reforma Local «no puede decir nada» en materia de ordenación, en cuanto a los servicios que presta la Junta en el territorio «no dice nada» y en lo que se refiere a materias y funciones de diputaciones y ayuntamientos «fuimos lo suficientemente previsores que no incluimos la cartera mínima de servicios en la ley».