¿EXISTEN SOLUCIONES PARA LA INMIGRACIÓN?

LA pobreza, la falta de trabajo o la explotación del hombre, la carencia de infraestructuras capaces de cubrir las necesidades más palmarias y la globalización, que permite una información al minuto en cualquier rincón del mundo, justifican estos movimientos migratorios desde países del tercer mundo hacia Europa occidental o América del Norte, con mayores índices de riqueza y bienestar social. España ha tardado tiempo en convertirse en un país receptor, pero la sustancial mejora de la economía y el descontrol en la legalidad de los puestos de trabajo, sumada a la facilidad para obtener papeles y atenciones sociales ha conseguido que la población emigrante haya crecido algo más de un 10% en menos de una década. Una evolución excesiva, menos visible en Castilla y León, que empieza a preocupar a la gente de la calle y que acarreará problemas de convivencia, hoy todavía larvados, de no adoptarse medidas serias, porque el ritmo y el modo de crecimiento es inasumible cultural, social y económicamente. Este fenómeno, pese a no ser nuevo, carece de respuestas solidarias a medio y largo plazo entre los estados receptores de esas gentes, que deciden arriesgar la vida para probar fortuna en tierras extrañas y alejadas. Si la mirada se detiene a examinar las medidas adoptadas en España en los últimos tiempos, dejando a un lado la imprudente legalización de Caldera que ha conseguido que la bolsa de los sin papeles se engrose en poco más de un año con cientos de miles de emigrantes, no se encontrarán más que parches, incapaces de solucionar un problema que requiere tanto de la colaboración internacional como de un pacto solidario en la sociedad española.

Cuando la emigración se activa, como está ocurriendo durante este verano, todos exigen mayores medidas policiales y se solicitan más medios para avistar y detener el movimiento migratorio. Se trata de una respuesta primaria, insuficiente e insatisfactoria, que parece como un grito desesperado que intenta poner puertas al campo. El tamiz administrativo con la ayuda de las fuerzas del orden debe existir, pero la emigración necesita de otras medidas, complejas sin duda, que deberían adoptarse en dos niveles: en las naciones con mayores índices de inmigración, ayudando a incrementar el nivel de desarrollo; y, en los países receptores, con actuaciones sociales y de inculturación.

La emigración no se frenará mientras no exista el progreso en los países pobres, pero mientras se logran unos mínimos, bastaría: cuidar la balanza comercial entre los países pobres y ricos para evitar situaciones de explotación de los más poderosos en regiones menos desarrolladas; ayudar a crear canales para la distribución de la riqueza en esos países para evitar enriquecimientos de oligarquías dominantes; y tutelar la explotación de las materias primas. Entre tanto, en países de acogida como España, deberían fomentarse procesos de educación e intercambio cultural, porque toda cultura que merezca tal nombre debe tender al respeto y la apertura hacia el otro, y al consiguiente enriquecimiento con otras manifestaciones, que ni empobrecen, ni alientan el eclecticismo. Es éste un modo de impedir la creación de ghetos culturales y sociales, nocivos para la convivencia. La dignidad, tanto salarial como social, en el trabajo que se oferta a los emigrantes debería ser otro de los ejes de una política de emigración, que no se conforme con aumentar el número de afiliados a la seguridad social. Por último, y sin ánimo de ser exhaustivo, las ayudas sociales por parte de las administraciones que supondrían un incremento de gasto social pero que impedirían la creación de una clase social marginada y a punto de sobrepasar el umbral de lo infrahumano. Éstas y otras medidas requieren consenso, esfuerzo y deseos de compartir, pero se hacen necesarias, si se quiere un progreso cívico y económico de la nación.