Estrasburgo frena un desahucio y pregunta a España qué hará con una desalojada

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho pública la comunicación al Ejecutivo español del caso de A.M.B. contra España y le ha preguntado «qué medidas concretas pondrá en marcha el Gobierno para garantizar su realojamiento» si se ejecuta la expulsión de una vivienda. La demandante, una ciudadana española de etnia gitana de 24 años, ocupa con sus dos hijos pequeños desde julio de 2009 un piso en Madrid del Instituto Municipal de la Vivienda. Se encuentra en paro sin prestación y recibe 500 euros mensuales de renta mínima de inserción.

A.M.B. había solicitado sin éxito desde 2007 una vivienda. Después de que el director del organismo de la Comunidad de Madrid constatara la ocupación ilegal, el juez de lo contencioso-administrativo nº 24 de Madrid dictó el pasado 12 de octubre una orden de desahucio. Agotadas las instancias nacionales, el abogado de la demandante pidió al Tribunal de Estrasburgo el pasado 6 de diciembre la adopción de medidas provisionales para paralizar el desahucio.

Seis días después, horas antes de la ejecución del desahucio, la corte europea, en aplicación de la citada disposición, indicó al Gobierno español «que no procediera a la expulsión de la demandante y sus hijos del domicilio que ocupan».

La demandante invocó los artículos 3 y 8 (Prohibición de tratos inhumanos y Derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y se quejó de la «ausencia de una propuesta de alojamiento alternativa». Además, apeló a que la protección de los menores no estaba garantizada.

Una vez recibida la información requerida a las partes, el Tribunal de Estrasburgo se pronunciará sobre la admisión o no a trámite de la demanda. Si es admitida, se dictará sentencia.