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Los retos nacionalistas

Día 21/12/2012 - 10.25h
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Cinco son los desafíos que plantean Artur Mas y sus socios de la izquierda republicana radical. El gobierno bloqueará ante el TC las normas más conflictivas

En el Palacio de la Moncloa hay una preocupación lógica ante el desafío independentista que han planteado Artur Mas y sus socios de la izquierda republicana radical. En el Gobierno el tono es firme y ya ha advertido de que utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para frenar la amenaza independentista de los nacionalistas catalanes, que plantean una serie de retos resumidos en estos cinco:

Ley de consultas

Piedra angular de la secesión. Es el elemento clave de la «transición nacional» hacia el Estado propio diseñada por Mas y Junqueras. Con la Ley de Consultas, CiU y ERC pretenden dotarse de una «cobertura legal» para cecelebrar una consulta ante la segura falta de autorización previa del Gobierno. La posibilidad de preguntar sobre algo que desborde el estricto marco catalán, como es la estructura del Estado, la hace de plano inconstitucional.

Impuestos sobre depósitos

Ardid «legal» contra el Estado. Una de las medidas estrella de ERC para aumentar los ingresos de la Generalitat se adivina con muy poco recorrido, al menos hasta el 1 de enero, cuando entre en vigor otra norma similar, pero impulsada por el Estado y de tipo 0%, para desactivarla. El gravamen sobre los depósitos impulsada por la Generalitat (debería aportar 500 millones al año) es otra treta legal que el Gobierno recurrirá al TC

Euro por receta

Por el principio de igualdad. Una de las medidas más controvertidas del Ejecutivo de Artur Mas es la imposición del euro por receta, una tasa que la Comunidad de Madrid también pretende aplicar, y que el Gobierno ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulnera el principio de igualdad entre los españoles. Vigente desde el pasado 23 de junio, la Generalitat ha ingresado 40,2 millones con ella.

Estructuras estado

Preparar la transición. El acuerdo de legislatura prevé el despliegue de medidas para dotar a Cataluña de estructuras de Estado en previsión de que se consume la secesión. La creación de una administración tributaria propia, la transformación del Instituto Catalán de Finanzas en el Banco de Cataluña o la elaboración de una Administración y Tesorería de la Seguridad Social son algunos de los puntos previstos en el acuerdo.

Choque legal

Arrebatar competencias. El camino hacia el Estado propio prevé otra serie de medidas que chocan de frente con el ordenamiento constitucional vigente. El pacto con ERC contempla, por ejemplo, elaborar un plan para asumir la gestión plena de todas las infraestructuras que ahora son competencia del Estado, o crear los instrumentos de administración electoral para la «correcta celebración» de la consulta de autodeterminación.

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