PP y PSOE llegan a un acuerdo para dar salida a los afectados por las preferentes

Según han informado fuentes parlamentarias, el arbitraje está pensado inicialmente para los afectados por las preferentes vendidas por las cajas integradas en CatalunyaBanc, Novagalicia y Bankia.

Sin embargo, «eventualmente» podría aplicarse un procedimiento similar para otras entidades que se prevé sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, «si se identificasen problemas de comercialización» como los que hubo en aquellas entidades.

En cualquier caso, los bancos que han recibido ayudas europeas deberán canjear las participaciones preferentes por acciones (incluso aunque la entidad no cotice) antes de finales de marzo y aplicando una quita próxima al 40%.

En el futuro y con el arbitraje podrían recuperar su inversión inicial como ha pasado con afectados de preferentes de CatalunyaBanc y Novagalicia Banco que pudieran demostrar que hubo "mala praxis" en la comercialización de estos híbridos.

A pesar de que los afectados pueden recuperar la inversión inicial, hay que tener en cuenta que se descuenta parte de los intereses que recibieron.

Así, por ejemplo, si alguien invirtió 1.000 euros en preferentes con las que recibía un interés del 6 % y entonces los depósitos rendían a un 2 % anual, se le descontará la diferencia, 4 puntos porcentuales por año al dinero inicialmente invertido.

A pesar de la ingente inyección de fondos europeos en Bankia, el Gobierno decidió que el arbitraje debía aplicarse también a los clientes de esta entidad, aunque estableció como principal requisito que puedan demostrar que la comercialización fue deficiente.

Con este objetivo se creará la comisión de seguimiento, que fijará los criterios objetivos y el perfil del inversor utilizados en el proceso de filtro de solicitudes.

Al mes de constituirse, la comisión deberá elaborar un informe sobre la situación de los afectados, que se elevará al Parlamento.

Adicionalmente, se encargará de que cada mes haya una estadística detallada sobre la evolución de los arbitrajes y de la tipología de los afectados por los mismos.

Por último, la comisión tendrá capacidad para hacer llegar propuestas al Gobierno que mejoren la transparencia y comercialización de los productos financieros y de protección de los pequeños ahorradores.

En este sentido, cabe recordar que para prevenir que se repitan situaciones similares, el Ejecutivo ya introdujo restricciones a la comercialización de las participaciones preferentes. Desde entonces se exige que haya un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión de al menos 100.000 euros en el caso de las entidades que no cotizan en bolsa y de 25.000 euros en las que sí.