Una urbanización de Tibi recurre a las embajadas para frenar los robos

La Comunidad de Propietarios Finca Terol, en Tibi, pretende recurrir a las embajadas y consulados radicados en suelo español para hacer presión y que las autoridades de otros países busquen soluciones a los robos que sufren algunos de sus súbditos residentes en esta urbanización con un millar de parcelas y unos 200 vecinos.

Es un paso más después de enviar también cartas al Defensor del Pueblo y de realizar múltiples gestiones ante la Administración más cercana. «Los robos se han disparado y nos tememos que se nos vaya la cosa de las manos, vemos que va a pasar algo grave», denuncia su presidenta, Amelia García.

Como medidas de urgencia, los residentes ya han propuesto a los responsables municipales de Tibi cerrar esta «urbanización fantasma» que tiene cinco accesos y una gran superficie, lo que facilita a los ladrones la huida. Pero les han prohibido hacerlo, porque no se trata legalmente de caminos privados, aunque la mayor parte de las calles estén sin asfaltar. También instalarían cámaras de seguridad en esas vías de entrada y salida, para extremar la vigliancia. «Nos sentimos indefensos y pagamos unos impuestos elevadísimos, como si fuera suelo urbano, pero llevamos 13 años sin poder construir», se lamenta.

Como ejemplo, precisa que una parcela tributa 228 euros al año y una vivienda, entre 600 y 650 euros, pero cuando llueve se inundan las calles y «algunos vecinos no pueden ni salir de su casa y utilizan motobombas para vaciar los charcos ellos mismos».

A estos retrasos debidos a la paralización de su Plan Parcial, desde los años 70, ahora se ha sumado la inseguridad, con algunos asaltos a las casas cuando estaban sus moradores dentro. «Nos vigilan», relata la presidenta de los propietarios, tras algunas de las últimas acciones de los cacos que evidencian estar espiándoles para actuar impunemente y huir.

Riesgos eléctricos

«Durante décadas, se repiten las inundaciones que provocan el corte de los maltrechos y deficientes viarios, problemas de salubridad por la aparición de aguas fecales y graves riesgos por las deficientes instalaciones eléctricas que permanecen de forma precaria durante años», alertan desde esta comunidad vecinal.

Ante esta situación de desamparo, van a volver a llamar a la puerta de todas las instancias administrativas, desde el Ayuntamiento hasta la Generalitat y la Diputación. Y ahora también a las embajadas y consulados, un resorte que esperan efectivo al contar con una numerosa colonia de extranjeros, sobre todo británicos.

«Llevamos luchando mas de 30 años por no ser ignorados, y seguimos igual que hace treinta años, con viales sin poder acceder, con un segundo Proyecto Urbanístico donde hemos pagado más de un millon y medio de euros y no hemos visto ni aprobacion de proyecto, ni licencias de obras, ni nada», denuncia. La desesperación hace que algunos vecinos se decidan a «vender a cualquier precio».