Un «error» llevó a Greenpeace a desistir de la batalla antipetrolera

«Ha sido un error de nuestros servicios jurídicos» , reconoce al otro lado de la línea Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España. Cuando ABC buscaba ampliar los motivos por los que la organización había renunciado a dar batalla judicial contra las prospecciones petrolíferas, el dirigente ecologista sorprende al asumir un «error administrativo» que derivó en una confusión de sus abogados. «Al parecer, se han equivocado en el número de referencia de esta causa y han presentado el desistimiento cuando no era esa nuestra intención» , explica.

El 30 de julio pasado, tal y como publicó ayer este periódico, Greenpeace daba muestras de haber tirado la toalla en su campaña contra las prospecciones petrolíferas en aguas españolas cercanas a Canarias, al presentar en el Tribunal Supremo un escrito en el que comunicaba el desistimiento del recurso interpuesto contra el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo de este año que convalidó los sondeos autorizados en 2001.

Sin embargo, el estupor llegó a los propios dirigentes ecologistas cuando este viernes se conoció la noticia del desistimiento. Especialmente, porque no es esa su intención. «Tenemos en estos momentos unas treinta campañas en España y, entre ellas, hay varias relacionadas a asuntos de la industria petrolera», señala Rodríguez, quien apunta la única interpretación posible de lo que a todas luces ha sido, afirma, «un error administrativo»: cada juicio tiene un número de referencia y la institución multinacional confundió la causa de las prospecciones con otra que se encuentra también en el Supremo. «Lo lamentamos», señala el director de Greenpeace.

Esta misma semana, pedirán la inmediata reincorporación a la causa, que ahora dependerá de la decisión del juez de permitirla o no. El juez del tribunal que decida tiene la potestad de hacerlo o no, atendiendo a las explicaciones de la organización.

Con independencia de esto, Greenpeace también desmintió que el desistimiento pudiera deberse a que, tras varias decisiones judiciales a favor de los sondeos petrolíferos, estuvieran eludiendo una posible condena en costas. «Eso no nos asusta en este ni en otros casos, que, además, tras haber perdido en varias instancias sucesivas, a veces, al final nos han resultado favorables», indica Rodríguez. «Seguimos en campaña», afirma.

Sin contacto

Por otra parte, el dirigente ecologista reconoció que nadie del Gobierno de Canarias se había puesto en contacto con su organización tras conocerse el desistimiento, pese a que en principio se encuentran en el mismo «frente judicial contra Repsol», según lo definió y que «si hay algo de que hablar, se hablará».

Desde que se inició la campaña del gobierno isleño contra esta posible actividad económica —que generaría en el Archipiélago hasta 5.000 puestos de trabajo, según la compañía petrolera—, los contactos se ciñeron a la Presidencia regional (Paulino Rivero, CC) y el Cabildo de Lanzarote (Pedro San Ginés, CC), sin que el área de Medio Ambiente, controlada por el PSOE, haya podido sentarse a la mesa de conversaciones , a pesar de que sí ha ocurrido, en el mero nivel técnico, diálogo con algunos funcionarios de la Consejería responsabilidad del socialista José Miguel Pérez.

Los miembros de la organización multinacional ecologista apuntan, pese a estas acciones conjuntas, dos serias discrepancias con el Gobierno de Canarias. Una es el proyecto del puerto de Granadilla, por su impacto ambiental, y el otro es la permisividad en la ocupación del litoral, que ha llevado a una «sobre explotación» de las costas, entienden.