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Entre las medidas anunciadas ayer por Rajoy aparece la reducción global de un 30 por ciento en el número de concejales de España. Aunque el presidente del Gobierno no detalló cómo se aplicará este recorte -se limitó a señalar que se tendrá en cuanta la población de cada municipio- Castilla y León sería la comunidad más afectada al copar más de una cuarta parte de los ayuntamientos del país y contar con más de 13.200 ediles -pasarían a ser en torno a 9.000 si el recorte es igual para todos-, aunque la mayoría de ellos sean de un tamaño reducido y sus ediles generalmente no perciben ningún salario. Esa es precisamente la mayor discrepancia de los acaldes que se pronunciaron. No ven qué ahorro puede generar esta reducción en el erario público.
Entre los más optimistas, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, QUIEN consideró ayer «razonable» esta medida al señalar «se pueden gestionar los ayuntamientos reduciendo el número de concejales un 30 por ciento» y que, en su ciudad, podría gobernar con seis ediles menos -de 27 a 21--
Más pragmática se mostró la alcaldesa de Zamora. Rosa Valdeón aseguró que esta reducción «no es importante desde el punto de vista económico» porque «la inmensa mayoría no cobran», por lo que, según defendió, no suponen más gasto que los procuradores regionales, los diputado
Desde el lado socialista, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, acusó al Gobierno de «intentar desviar la atención de los ciudadanos». Martínez aseguró que el hecho de que haya 21 o 15 concejales en el ayuntamiento de la capital no contribuirá a mejorar la economía del país y añadió que en las localidades pequeñas, los ediles y alcaldes no cobran un solo euro y pierden su tiempo al servicio de su localidad.





