Los ayuntamientos rechazan que se produzcan fusiones impuestas por ley

LOS ayuntamientos ya han fijado su posición sobre la reforma de la Administración Pública que está comenzando a diseñarse y que pasa por su rechazo a una fusión de municipios que no sea decidida libremente. Esta postura, recogida en un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al que ha tenido acceso ABC, ya ha sido enviada al Ministerio de Hacienda y coincide plenamente con la mantenida por la Junta de Castilla y León en su apuesta por la asociación voluntaria de localidades a través de los denominados distritos de interés comunitario.

En su estudio sobre competencias de las corporaciones locales, la FEMP, que recoge las aportaciones realizadas en abril por las diputaciones, pide que los municipios, «con independencia de su tamaño» deben ser «respetados» como «institución política básica de participación de los ciudadanos» y subraya que «la gran diversidad de la tipología municipal no debe considerarse como algo negativo», sino como «un reflejo de la realidad». Además, sostiene que una hipotética «supresión» de los municipios «no modifica esta realidad» ni tampoco «las dificultades que entrañan para la prestación de los servicios a los que todos los ciudadanos tienen derecho». Por último, se recuerda que los ayuntamientos «no sólo son entidades de prestación de servicios, sino también la expresión de la voluntad de sus vecinos».

Apenas unos días después de que el Gobierno central incluyera en su programa de reformas remitido a Europa la posibilidad de «agrupar» municipios —sin detallar la fórmula—, fuentes de la FEMP han señalado también a este periódico que los consistorios no se niegan a fusionarse, pero no quieren que sea «algo impuesto por ley». En esta línea, el vicepresidente de esta institución y, además, presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, explicó que quizás se ha creado «una alerta innecesaria» ante el temor —sin confirmar por parte del Ejecutivo— de que las localidades con menos de un millar de habitantes desaparecieran. «En nuestras conversaciones con el gobierno, que son semanales, nunca se ha plantado esta opción», insistió Maillo, que consideró que «el problema está más en el reparto de competencias que en el número o tamaño de los municipios».

El político zamorano considera «imposible» que se aplicara en Castilla y León un recorte en el número de pueblos de tal magnitud. Si ya el pasado lunes, el director general de Ordenación del Territorio de la Junta, Luis Miguel González Gago, además de situar al Gobierno regional en contra de las fusiones de los pueblos, advertía en un artículo de opinión que eliminar las localidades con menos de un millar de vecinos dejaría a la Comunidad con solo 246 municipios de los 2.248 que cuenta en la actualidad.

Por su parte, Maillo asegura que la supresión sólo supondría el ahorro de los sueldos «de algún secretario de ayuntamiento» que, según resaltó, «ya trabajan en muchos casos en diferentes municipios». «El resto sería igual que hasta hora porque los ciudadanos necesitarían recibir los mismos servicios», concluyó.

En todo caso, este debate comenzará a sustanciarse hoy en la reunión que celebrará en el Ministerio de Hacienda el grupo de trabajo que está diseñando la reforma, sobre todo en el aspecto relativo a las competencias de los municipios. Precisamente es este ámbito competencial el que más preocupa a los ayuntamientos, ya que tradicionalmente prestan servicios que no les corresponden y para los que no tienen dotación económica.